El sistema de urgencias de la sanidad española tiene graves carencias que lo convierten en una de las áreas de mayor riesgo para la seguridad de los pacientes y donde, debido a su saturación, aumenta la probabilidad de error humano y de morbilidad y mortaldiad.
Así lo pone de manifiesto el informe “Las urgencias hospitalarias en el Sistema Nacional de Salud: derechos y garantías de los pacientes”, presentado la pasada semana por la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, y elaborado junto con los defensores del pueblo de Andalucía, Cataluña, Galicia, Canarias, País Vasco, Aragón, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Navarra.
No es la primera vez que se pide una especialización de médicos en urgencias y emergencias para formar en condiciones a especialistas.
Si se hiciera, “tendría efectos positivos en los resultados de calidad asistencial, el funcionamiento de los servicios y una más eficaz organización hospitalaria”, según recogen las conclusiones de este informe presentado por Soledad Becerril y sus colegas regionales.
En el documento, entre otros asuntos, se afirma que la atención urgente “no está garantizada en todas las franjas horarias y todos los días de la semana” y que la insuficiente dotación de plantillas titulares “en muchos centros” da lugar a que los médicos internos residentes (MIR) “asuman un grado excesivo de responsabilidad en la actividad asistencial de los servicios hospitalarios de Urgencias”.
Es más, durante la presentación del estudio se aseguró que entre el 30% y el 40% de la carga habitual la soportan los MIR. “Estos no están habitualmente en urgencias, sino que pertenecen a otras especialidades y pasan por allí para foguearse”, explicaron.
Con estas conclusiones en la mano, los defensores del pueblo exigen “la presencia y suficiencia de profesionales adecuados” en todas las franjas horarias e insisten en la “excesiva dependencia” que hay en Urgencias de los médicos internos residentes, “que estarían supliendo en muchos momentos la insuficiencia de profesionales de las diversas plantillas implicadas”.
De igual forma, también ha señalado que, en general, los pacientes que utilizan las urgencias españolas muestran su satisfacción con la atención recibida en estos servicios, que tienen una de las mejores notas a nivel europeo, contando con que el volumen de trabajo es importante: hay 26 millones de ingresos al año, y de cada diez, seis lo hacen por la vía de Urgencia, por lo que ha abogado porque los responsables de las administraciones autonómicas tomen buena nota de las conclusiones a las que han llegado entre todos los participantes para mejorar su funcionamiento.
Fracaso en la atención de pacientes terminales
Los defensores consideran, además un “fracaso del sistema” la atención en los servicios hospitalarios de urgencia a pacientes en fase terminal. Ya que, aseguran, “no resulta posible garantizarles una muerte digna y preservar el duelo de familiares y allegados”.
Alertan, en este sentido, de la “insuficiente” formación de los profesionales sanitarios sobre los aspectos éticos relacionados con la autonomía de la voluntad de las personas y aseguran que el consentimiento del paciente no siempre está precedido de la información necesaria para que pueda adoptar libremente sobre un procedimiento terapéutico o diagnóstico, llegando incluso a que sean los médicos quienes decidan “sin la participación del paciente”.