Lunes 05/11/2018.

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ACAI vería "más razonable" volver a la ley del 85 que la reforma "retrógrada" de Gallardón

Celebra la "evidente división" en el seno del PP y pide que no se tomen decisiones hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional
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El presidente de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del embarazo (ACAI), Santiago Barambio, aunque está en contra de un cambio en la ley del aborto, ha señalado que, dentro de una eventual modificación de la misma, sería "aparentemente más razonable" que el Gobierno optara por volver a la norma de 1985 y no por otra "más retrógrada" como propone el titular de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, aunque recuerda que aquel texto "generaba inseguridad jurídica" tanto a mujeres como a profesionales sanitarios.

Así lo ha precisado en declaraciones a Europa Press después de que el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Rafael Hernando, dijera este fin de semana que no tiene sentido que la reforma de ley del aborto que planea el Gobierno hiciera retroceder la legislación española a los tiempos anteriores a 1985.

Barambio celebra que dentro del PP haya una "división evidente" sobre el tema, con una corriente contraria a "imposiciones de la ultraderecha" que rechaza "cambiar la ley actual por otras más restrictivas que la de 1985".

El problema de aquella ley, según el presidente de ACAI, es que "funcionó bien mientras se uso para abortar, no para castigar".

"Esta ley no daba derecho a la mujer a disponer de su maternidad cuando se encontraba con un embarazo no deseado, sino que la somete al juicio de un tercero, lo que es una pérdida de derecho con respecto a otros países europeos", ha recordado.

Además, causaba inseguridad jurídica para los profesionales, como se mostró con el caso Morín a pesar de que "finalmente el tribunal llegó a la conclusión de que no había delito". De hecho, a su juicio esta inseguridad generó un "miedo" que hizo que muchas mujeres acudieran a abortar a otros países.

En cualquier caso, Barambio confía en que el Gobierno no impulse ninguna reforma hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad de la normativa actual. "Lo coherente sería esperar (...) y si la declara constitucional, aguantarse con lo que hay", ha concluido.

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