De modo que, «se atienda a la viabilidad de las pretensiones legítimas de la industria farmacéutica, a la inexcusable alineación de los incentivos de los profesionales y que sea capaz de responder a las preferencias responsables de los usuarios».
El informe, que ha sido realizado por un grupo de expertos del Observatorio de la Prescripción de la OMC y traslado a la Ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, denuncia, entre otras cosas, la «opacidad» y la falta de datos oficiales del gasto farmacéutico hospitalario.
«A pesar de la obligación legal, establecida en diversos reales decretos, de remitir mensualmente el número de envases consumidos en los centros hospitalarios del Sistema Nacional de Salud, no existen datos oficiales del gasto agrupado a nivel nacional ni de su evolución, lo que impide la perspectiva de comparación entre comunidades y con el total nacional», señalan.
Por tanto, considera que se requieren importantes modificaciones en los distintos aspectos de las políticas de establecimiento de precios, financiación (compras), gestión de la prescripción y distribución, así como un perfeccionamiento de los instrumentos establecidos para influir sobre la demanda de los pacientes a través de copagos socialmente equitativos.
Tras señalar que no hay justificación para que nuestro gasto público total en farmacia, sigua siendo superior a la media de la Eurozona, advierte de la necesidad de llevar a cabo reformas estructurales en este sector para frenar la tendencia el crecimiento incontrolado del gasto farmacéutico.
RECOMENDACIONES Y PROPUESTAS
El texto hace recomendaciones centradas en políticas farmacéuticas vinculadas a la eficiencia; además de una evaluación económica y social de la prestación farmacéutica; y reformas estructurales en las actividades esenciales de la cadena de valor farmacéutica y en los roles agenciales en el sector del medicamento.
Ajustar el copago a la renta y estado de salud y no a la condición de activo o pensionista, estableciendo un límite de aportación máxima anual por persona en medicamentos para una mayor protección económica a los más débiles; regular la prescripción de todos los medicamentos sujetos a la misma por toma/día y por tiempo de tratamiento; y buscar nuevos modelos de financiación total o parcial teniendo en cuenta pautas como el riesgo compartido, son otras de las recomendaciones.
Asimismo, aconseja la revisión de precios de referencia; extender al conjunto del SNS los procesos de licitación en concurrencia competitiva en precios para la adquisición de todos los medicamentos o productos farmacéuticos y presentar al Consejo Interterritorial informes anuales de transparencia por los laboratorios farmacéuticos fabricantes de medicamentos sanitarios financiados por el SNS, son algunas de las propuestas y recomendaciones del documento en lo referente a las políticas farmacéuticas vinculadas a la eficiencia.
Que la cobertura pública de productos farmacéuticos esté sujeta con carácter general a criterios de valor terapéutico incremental comparado, evaluación económica y estado de suficiencia presupuestaria, es una de las propuestas referidas a la evaluación económica, así como que el criterio de precios por valor de resultado clínico de los medicamentos debe basarse en una relación de suficiencia presupuestaria.
Entre las reformas estructurales, la OMC recomienda hacer un replanteamiento competencial y marco jurídico de una nueva Agencia Nacional de Evaluación e Investigación de Tecnologías y Servicios del SNS, independiente y participada colegiadamente por los servicios de salud de todas las CC.AA., que guíe desde principios de buen gobierno los procesos de decisiones y fundamente económica y socialmente la incorporación de nuevas prestaciones y productos sanitarios.
Finalmente, sobre los roles agenciales en el sector del medicamento, resalta de que, para garantizar la sostenibilidad de una política de uso racional de medicamentos, es preciso contar de forma inexcusable con la implicación de médicos y consumidores.
Y, tras dejar claro que la coordinación de la atención socio-sanitaria corresponde al médico como garantía incondicional de calidad del servicio, propone incorporar incentivos de manera transparente a una prescripción de calidad, acorde con los objetivos institucionales del SNS. Y recomienda que se promueva la necesaria participación activa y responsable de los usuarios, garantizando la equidad en el conjunto del sistema.