La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha anunciado la puesta en marcha de un sistema de tarjeta única sanitaria para todo el país. Se trata de un mecanismo para evitar que un paciente que viaja a otra región se enfrente a problemas burocráticos, porque la tarjeta sanitaria de su comunidad no es compatible en el sistema del centro o el hospital donde le están atendiendo en ese momento. Es decir, lo que se pretende es que las tarjetas sanitarias de cualquier autonomía puedan funcionar a través de un dispositivo único.
Mato ha presentado esta iniciativa en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, donde también ha prometido un pacto de Estado por el modelo sanitario, y un anteproyecto de ley de servicios básicos comunes para reducir las diferencias en la cartera asistencial de las comunidades. También el Ministerio abre la puerta a la libre elección de médico en la comunidad donde resida. Este derecho ya existe en comunidades como Andalucía (desde 1999), y Madrid (2010).
Acordar los servicios básicos con las CCAA
Sanidad quiere sacar adelante un proyecto de servicios básicos comunes, con el que se busca reducir las diferencias en la asistencia entre las comunidades. Esta ley, que ya anunció el presidente Mariano Rajoy en su debate de investidura, se enmarcará dentro del pacto por la sanidad y los servicios sociales que la ministra quiere consensuar con las autonomías. La idea del Ministerio es reunirse con los consejeros de todas las regiones para definir un catálogo básico de prestaciones sociales y sanitarias para toda España.
El Ministerio también quiere sacar adelante un calendario único de vacunación, para que todos los niños reciban el mismo tratamiento con independencia de la comunidad donde residan.
Sobre el proyecto de servicios básicos, Miquel Vilardell, presidente del Colegio de Médicos de Barcelona, recuerda que ya existe un catálogo de prestaciones mínimas que deben cumplir todas las comunidades. Aún así, se producen desigualdades entre las regiones, y también roces como consecuencia de la presión asistencial en algunas zonas. Para Vilarell, no habría conflictos sanitarios, como el que se produjo recientemente entre País Vasco y la Rioja, si a las comunidades receptoras se les compensara con un mayor aporte de los fondos de cohesión social.
Coincide el doctor Marciano Sánchez-Bayle, portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública: «El sobrecoste para las regiones que reciben a pacientes tiene que fijarse en esos fondos de cohesión. El problema es que no está establecida la compensación por la atención que prestan en atención primaria y en la prestación farmacéutica». Bayle recela de la ley de servicios comunes, ya que sospecha que puede ser una forma de reducir la cartera de servicios.
Tarjeta sanitaria para digitalizar el historial clínico
La tarjeta sanitaria única es un proyecto que se arrastra desde 2003. Ya la ministra Ana Pastor en el Gobierno de Aznar anunció la aprobación de este mecanismo con el que se pretende acabar con los problemas de compatibilidad entre los sistemas de identificación de los pacientes y, de paso, digitalizar los datos del usuario. Pese a las iniciativas políticas, la historia clínica digital no existe todavía.
La ministra ve posible, esta vez, unificar las bases de datos y crear un soporte común no solo para la identificación del paciente, sino también para la dispensación de los medicamentos. Es la llamada receta electrónica.
Más genéricos
También en política farmacéutica, cuya factura supone el 22% del gasto sanitario, Mato quiere seguir aumentando la distribución de medicamentos genéricos. En la actualidad estas medicinas representan el 10% del mercado en España, y la idea del Gobierno es acercarse al promedio de Europa, que está en torno al 50% en unidades, y también de países como los escandinavos (60%) o Estados Unidos (50%).
La ministra se ha referido a la deuda sanitaria, que asciende a los 15.000 millones de euros. Este agujero esconde facturas no pagadas a proveedores.
Informe sobre la píldora poscoital sin receta
El Ministerio de Sanidad ha encargado un informe científicossobre la dispensación de la píldora poscoital sin receta, para conocer cómo afecta a la población, y a las menores. Una vez que estudie este documento, el Gobierno decidirá si mantiene la venta de este anticonceptivo de urgencia sin prescripción médica. Este fármaco se vende sin redeta desde finales de 2009.