En opinión de Sánchez, tras esta suspensión se ha demostrado el «fracaso del proyecto de privatización de la Sanidad pública» del gobierno regional, un proyecto que a su juicio «tenía dos banderas, una era el euro por receta y ha sido duramente contestado a nivel social y encima el Tribunal Constitucional ha planteado que no tiene encaje legal en este país».
El Tribunal Constitucional hasta el momento ha admitido a trámite el recurso del Gobierno contra el euro por receta, lo que automáticamente supone su suspensión por un periodo de 5 meses. El alto tribunal todavía tiene que pronunciarse sobre el fondo de la medida.
Al respecto el coordinador de Izquierda Unida en la Comunidad de Madrid ha mantenido que «si soy presidente y mi consejero de Salud apuesta por algo que es ilegal y nadie quiere, tendría que dimitir».
Sobre la suspensión cautelar del euro por receta, Sánchez cree que la decisión del Tribunal Constitucional responde a dos cuestiones, «a que es anticonstitucional y a la presión social de las movilizaciones», por lo que ha animado a continuar con las protestas sociales para «ganar la batalla a favor de la sanidad pública».
En este sentido Sánchez ha añadido que «sí hay recursos para que la Sanidad sea publica, universal y gratuita, el problema es que los recursos se destinan a dos empresas», por lo que la coalición planteará una auditoría para estas compañías para «ver dónde va el dinero, por qué hay sobre coste y que marque los casos donde pueda haber corrupción», ya que a juicio de Sánchez se está empleando dinero público para intereses privados.