Martes 06/12/2016.

Salud

Exigen medidas urgentes para proteger la salud de los ciudadanos frente a la "creciente" contaminación electromagnéticas

Más de 500 colectivos sociales han firmado un manifiesto, con motivo del con motivo del Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética que se celebra este viernes, donde exigen al Gobierno central, autonómicos y locales, y a la clase política en general, medidas urgentes y concretas para proteger la salud de los ciudadanos frente a la creciente contaminación electromagnética.
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Exigen medidas urgentes para proteger la salud de los ciudadanos frente a la "creciente" contaminación electromagnéticas Exigen medidas urgentes para proteger la salud de los ciudadanos frente a la "creciente" contaminación electromagnéticas

"Los políticos son, en nuestro sistema democrático, la representación de los ciudadanos y, por tanto, tienen la responsabilidad y la obligación de promover activamente políticas y leyes que antepongan la salud pública por encima de cualquier interés económico", por este motivo ha sido remitido este viernes a los secretarios generales de los partidos políticos, a los que se les pide modifiquen las leyes actuales, y exigen la aplicación del principio de precaución demandado por la Comisión Europea de 2 de febrero de 2000.

Actualmente, el límite máximo legal es de 100 nanoteslas (nT) para las radiaciones de baja frecuencia y de 100 microvatios por metro cuadrado (W/m2) para las de alta frecuencia. Y, advierten de que, teniendo en cuenta las actuales investigaciones independientes que sitúan los márgenes de seguridad en los límites citados, "es posible que futuras investigaciones demuestren que es necesario restringir aún más dichos límites".

La legislación actual reconoce los efectos térmicos de las radiaciones electromagnéticas y pero, explican, "obvia los efectos atérmicos", es decir los daños en el ADN de las células y a la aparición de diversas patologías, entre ellas leucemia y tumores cancerígenos.

En este sentido, señalan que "es inadmisible que cuando los ciudadanos deciden defender sus derechos, el sistema les exija que sean ellos quienes demuestren los efectos nocivos de las tecnologías que les rodean", y afirman teniendo en cuenta el principio de precaución, que "es la industria la que debe demostrar que los productos y tecnologías que introduce en el mercado son seguros para la población".

Asimismo, lamentan que gran parte de la población no sea consciente de los riesgos que conllevan las radiaciones de las torres de alta tensión, los trasformadores, las antenas de telefonía, los móviles e inalámbricos, los sistemas Wi-Fi y WLAN o los radares.

"Sin embargo el riesgo por sobreexposición a sus radiaciones es alto y está ampliamente documentado por la literatura científica independiente, que relaciona daños en los sistemas inmunológico, neurológico y neurovegetativo", añade recordando la alerta hace un mes de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que clasificaba los campos electromagnéticos de radiofrecuencia como posible cancerígeno en humanos (grupo 2B).

ELECTROHIPERSENSIBILIDAD, UNA ENFERMEDAD

La Plataforma Estatal contra la Contaminación Electromagnética, integrada por más de 200 asociaciones, confederaciones y federaciones, también firmante del manifiesto, denuncia que no se haya previsto ya la creación de zonas blancas, el establecimiento de protocolos sanitarios de atención y la concesión de ayudas especiales a las personas más afectadas por la contaminación electromagnética.

Y que no se hayan adoptado ya medidas urgentes de regulación de las instalaciones y usos contaminantes en viviendas, centros de trabajo y enseñanza, transporte y ocio (teléfonos inalámbricos DECT, WiFi, WiMax, vigila bebés, detectores de robos, etc).

Asimismo, piden que se reconozca la electrohipersensibilidad (EHS) como enfermedad compleja de sensibilidad central asociada a la contaminación electromagnética. "La situación sanitaria, social y laboral de las personas electrohipersibles es muy grave y urgente, tanto por el sufrimiento personal que implica como por la vulneración de sus derechos humanos, ciudadanos y laborales", explica.

Y, finalmente, denuncia "que las operadoras de telefonía inalámbrica sigan empeñadas en impedir la aplicación de normativas municipales garantistas de la salud", y que "el Estado y las distintas autonomías no tomen nota de las advertencias internacionales y modifiquen sus proyectos y legislación".

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