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ANPE valora "muy positivamente" la promulgación de la Ley de Autoridad del Profesor

ANPE Murcia ha valorado "muy positivamente" la promulgación de la Ley de Autoridad del Profesor aprobada por la Asamblea Regional, al considerar que "dará al profesorado murciano una protección especial en el ejercicio de su función y contribuirá a la mejora del clima de respeto y estudio en los centros" Así mismo, considera "imprescindible" la sustitución del actual modelo educativo por otro que priorice los conocimientos y el esfuerzo, para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos, según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.
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ANPE Murcia ha valorado "muy positivamente" la promulgación de la Ley de Autoridad del Profesor aprobada por la Asamblea Regional, al considerar que "dará al profesorado murciano una protección especial en el ejercicio de su función y contribuirá a la mejora del clima de respeto y estudio en los centros"

Así mismo, considera "imprescindible" la sustitución del actual modelo educativo por otro que priorice los conocimientos y el esfuerzo, para garantizar la igualdad de oportunidades de los alumnos, según informaron fuentes del sindicato en un comunicado.

Recuerda que el reconocimiento de la autoridad pública del profesorado en el ejercicio de su función "es una iniciativa pionera de ANPE-MURCIA, puesta en marcha en noviembre de 2004, a la cual se sumó el servicio del Defensor del Profesor, creado por ANPE-MURCIA en noviembre de 2005".

En concreto, el sindicato explica que la presente ley ha sido precedida por varios hitos, como los "informes anuales del Defensor del Profesor de ANPE MURCIA que, desde el año 2005 viene apostando por una regulación legal de la autoridad del profesorado".

Asimismo, cita entre estos hitos "el decreto número 276/2007, de 3 de agosto, por el que se regula el Observatorio para la Convivencia Escolar en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que recoge en buena medida las propuestas de ANPE-MURCIA".

También hace referencia a la campaña de ANPE-MURCIA 'Por el reconocimiento de la autoridad pública del docente en el ejercicio de su función', iniciada en noviembre de 2008, "con muy buena acogida entre el profesorado de Murcia, en la que participó activamente".

ANPE-Murcia incluye también entre estos hitos las instrucciones del Fiscal General del Estado, de diciembre de 2008, a las Fiscalías territoriales para que consideraran como atentado contra la autoridad pública "todas las agresiones, empleo de fuerza, intimidaciones o resistencia grave cuya víctima fuera un funcionario docente".

Asimismo, cita la campaña de ANPE-MURCIA, 'La agresión no es solución', iniciada el 17 de marzo de 2010, en la que se abordó el rechazo a las agresiones al profesorado y al personal sanitario por parte de los usuarios tanto del servicio educativo como del sanitario.

También cita la Campaña de ANPE-MURCIA, 'La educación merece respeto', iniciada en diciembre de 2010. Campaña en la que se hico hincapié en las relaciones entre alumnos y profesores.

El sindicato también glosa su petición al Fiscal General de Murcia en 2010 donde le solicitaba, y así se manifestó, que "en lo sucesivo, las agresiones hacia el profesorado fueran consideradas como delito de atentado a funcionario público en el ejercicio de sus funciones".

Asimismo, cita la entrevista del presidente de ANPE MURCIA, Clemente Hernández con el presidente de la Comunidad Autónoma, Ramón Luís Valcárcel, el 7 de septiembre de 2010, donde le solicitó "oficialmente su apoyo en la tramitación de la Ley de Autoridad Docente".

La Ley de Autoridad del Profesor aprobada por la Asamblea Regional de la Comunidad de Murcia, el día 30 de enero de 2013, reconoce al docente el rango de autoridad pública y responde a una "histórica reivindicación" de ANPE-MURCIA, que recoge no sólo las aspiraciones de los profesionales de la educación sino la demanda social ante un clima de menosprecio por los derechos que la Constitución tutela, de provocación, de inusitada violencia, enmarcado en la impunidad de los agresores.

RECONOCIMIENTO LEGAL

A su juicio, el reconocimiento legal del profesor como autoridad pública "modifica positivamente esa situación, porque garantiza la efectiva realización del Derecho Fundamental a la educación reconocido en el artículo 27 de la Constitución Española, que puede verse perturbado en el caso de sufrir una agresión".

La consideración de delito frente a la falta, indica, "no sólo afecta al agravamiento de la pena sino que refuerza el carácter disuasorio de estas conductas agresivas que deterioran la convivencia en los centros docentes".

Asimsimo, explica que la agresión a un funcionario con rango de autoridad pública "está tipificada por el Código Penal como atentado contra la autoridad en los artículos 550 a 553, que recogen penas de prisión de dos a cuatro años. La Fiscalía puede perseguir de oficio los delitos contra estos funcionarios públicos".

A su parecer, esta norma también es positiva porque la autoridad pública "goza de presunción de veracidad; por tanto, en caso de agresión o conflicto con alumnos o familiares, éstos soportarán la carga de la prueba".

También cree que es positiva "al considerar al profesor como autoridad se vela por su prestigio, dignidad y honor en el ejercicio de sus funciones, para conseguir una educación de calidad", y porque la autoridad del profesor "ampara además a toda la comunidad educativa en su obligación de proteger a los alumnos".

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