Sábado 10/12/2016.

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Una mujer pide que declaren en ruinas su piso alquilado de Oviedo para optar a una vivienda municipal de emergencia

Una mujer de etnia gitana ha acudido durante los últimos meses a numerosas instancias solicitando que declaren en estado de ruina el piso que habita junto a su familia para poder optar a una vivienda municipal de emergencia, reservadas a personas sin recursos.
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Una mujer pide que declaren en ruinas su piso alquilado de Oviedo para optar a una vivienda municipal de emergencia Una mujer pide que declaren en ruinas su piso alquilado de Oviedo para optar a una vivienda municipal de emergencia

En declaraciones a Europa Press, Julia, ha narrado que hace una década alquiló por importe de 138 euros mensuales un bajo del número 62 de la carretera Santander-Cerdeño, a las afueras de Oviedo, donde vive con su marido, su hija de 16 años y un nieto de 11.

En 2009 alertó a la propietaria de que con motivo de la lluvia el techo del portal se había derrumbado y el piso, de una sola habitación, tenía humedades. Ante el caso omiso de esta, la mujer interpuso una denuncia a la Policía y dejó de abonar el alquiler.

En la actualidad, el piso está invadido por los roedores, carece de agua caliente y la instalación eléctrica está seriamente dañada, lo que provocó un incendio en la habitación en la que duerme con los niños.

Los informes emitidos por los técnicos municipales de urbanismo reconocen que "se dan los supuestos de ruina en las edificaciones", "sin perjuicio -advierten- de las obligaciones que el propietario de la vivienda pudiera tener".

En términos similares, un informe de los servicios médicos municipales acredita que el inmueble carece de agua caliente y tiene excrementos de roedores por lo que constituye "un foco de insalubridad". Sin embargo, el mismo documento advierte de que el asunto constituye "un litigio entre particulares" y excede, por consiguiente, las competencias municipales.

La afectada insiste en que no quiere una vivienda gratuita, sino una de renta baja que pueda pagar, puesto que la familia cuenta con unos ingresos de 700 euros mensuales, procedentes de una ayuda estatal. "La propietaria está a la espera de que se acabe el contrato para echarme a la calle y si me hago una chabola los servicios sociales me quitarán a los niños", se lamenta.

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