«Sorprende la persecución que está sufriendo una sociedad como la de El Raigosu, que gestiona de forma modélica su coto de caza y, a día de hoy, es una de las pocas solventes desde el punto de vista económico», destacó Luis Venta, tras recibir en la Junta General del Principado a representantes de este colectivo de cazadores. «A raíz de las denuncias de unos particulares determinados, la Administración les está haciendo unas exigencias peregrinas, con requerimientos en los que les piden desde saldos de cuentas bancarias a facturas de las inversiones realizadas con su superávit», explicó el diputado popular.
Según Venta, «llama especialmente la atención el hecho de que estas denuncias se valgan de datos y documentación que sólo puede tener la Administración autonómica». Un apunte con el que ayer quiso reforzar las quejas de los miembros de El Raigosu, que atribuyen a cuestiones de carácter político «las presiones» del Principado. «Desde que se les adjudicó el coto de caza en mayo de 2012, han sido modélicos, pagando los posibles daños causados en un plazo de ocho días», incidió el parlamentario popular.
Y ha ido más allá: «Frente a una sociedad de cazadores que asume los daños en tiempo y forma, el gobierno de Javier Fernández está tardando de media seis meses en pagar los daños por especies salvajes y en reservas regionales, pese a que se comprometió en su momento a hacerlo en quince días». Ante esta situación, el Grupo Parlamentario Popular exigirá explicaciones al gobierno regional en la Junta General del Principado.