Lunes 05/12/2016.

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El Sespa cerró 2009 con unas obligaciones presupuestarias reconocidas infravaloradas en 166,941 millones

El Consejo de la Sindicatura de Cuentas aprobó el 1 de julio el informe definitivo sobre la fiscalización de la Cuenta General del Principado de Asturias correspondiente al ejercicio de 2009. En este informe, el órgano fiscalizador ha detectado que el Servicio de Salud del Principado (SESPA) cerró el año 2009 con unas obligaciones presupuestarias reconocidas infravaloradas en 166,941 millones.
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El Sespa cerró 2009 con unas obligaciones presupuestarias reconocidas infravaloradas en 166,941 millones El Sespa cerró 2009 con unas obligaciones presupuestarias reconocidas infravaloradas en 166,941 millones

"Esta cantidad representa la deuda no presupuestaria cuantificada y facilitada por el Sespa", sostiene el informe. Por ello, la Sindicatura sostiene que, a la hora de la asignación anual de créditos al Servicio de Salud, la Consejería de Economía debería tener en cuenta la deuda que "de modo recurrente se va desplazando año tras año, entre otras razones para evitar los elevados gastos financieros derivados de los intereses de demora".

La Sindicatura entiende que tomada en su conjunto la Cuenta General "refleja razonablemente la realidad económica y financiera". Y señala que con carácter general "se adecua a la legalidad vigente".

Entre algunas de las observaciones que realiza el órgano fiscalizador destaca que la recaudación por impuestos indirectos disminuyó con respecto a 2008. El reconocimiento neto de derechos por los impuestos citados bajó en 131.379 millones de euros.

La liquidación definitiva de la financiación autonómica respecto a 2008 tuvo saldo negativo y el endeudamiento bancario aumentó en un 34 por ciento respecto a 2008. Por su parte, el remanente de tesorería de la Administración del Principado fue negativo en 195.987 millones de euros, "como mínimo".

Respecto a la contratación la Sindicatura de Cuentas volvió a incidir, como en años anteriores, en la necesidad de tomar las medidas necesarias para salvaguardar los principios esenciales de igualdad de trato a los licitadores, no discriminación y transparencia. En este sentido, recomienda la puesta en marcha de un tratamiento informático de la documentación del Registro de Contratos de la Administración del Principado.

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