Domingo 11/12/2016.

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El Consorcio Cívico pide que se pare la incineradora porque los partidos que la apoyaban no ganaron las elecciones

El Consorcio Cívico de Asturias, organización creada para proponer alternativas a la quema de residuos, ha demandando al futuro gobierno autonómico, a través del presidente de la Unión de Consumidores (UCE), Dacio Alonso, la paralización del expediente para la construcción de la incineradora de Serín, porque "quienes la defendían como imposición" no obtuvieron buenos resultados electorales, en alusión al PP y al PSOE.
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Dacio Alonso ha comparecido en rueda de prensa, acompañado pòr representantes de otras organizaciones integradas en el Consorcio Cívico, como Vicente Gutiérrez Solís, presidente de la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Asturias, o Carlos Ponte, presidente de la Asociación por la Defensa de la Sanidad Pública de Asturias, además de Julio Barea, responsable de Incineración en Green Peace. El presidente de UCE exigió la paralización de la planta una vez más, basándose en las razones políticas, económicas y sanitarias expresadas por sus acompañantes.

Fue Gutiérrez Solís quien se refirió al cambio político surgido en Asturias tras las elecciones del 22 de mayo, y sus posibles consecuencias sobre el proyecto. Así, recalcando en las palabras de Dacio Alonso, ha insistido en que "los partidos que más apostaron por la incineración fueron PP y PSOE, que tuvieron unos resultados poco representativos, y por lo tanto no están legitimados para llevar a efectos este proyecto".

Así, ha exigido que se pare la iniciativa, y que se cree "un instrumento de participación ciudadana en el que el consorcio pueda ser escuchado".

En este sentido, Alonso exigió al nuevo presidente autonómico la "paralización de este expediente" y un acuerdo en la Junta General a favor de un modelo "sostenible económica y medioambientalmente".

"DESPILFARRO ECONÓMICO"

Alonso insistió en el "despilfarro económico" que supondría esta ejecución en tiempos de crisis económica, con una inversión que, a su juicio, acabaría sobrepasando los 250 o 300 millones de euros.

En este sentido, el representante de Green Peace ha recordado que está pendiente de aprobación en el Congreso de los Diputados la nueva Ley de Residuos y Suelos Contaminados que, entre otras cosas, establece, aunque como opción voluntaria, el establecimiento de una gravamen de 30 euros por tonelada a la incineración. Una tasa, señaló, que ya se aplica en Cataluña, la comunidad que mejores cifras de reciclaje presenta, y que supondría una "desmotivación" para implantar la incineradora en Asturias.

Por su parte, Carlos Ponte se ha referido a un último informe sobre incineración de Ángel Alonso, catedrático de Medicina en Alemania y coordinador del Centro Nacional de Cáncer en el país germano. En el documento se deja constancia de 190 sustancias que la incineración libera a la atmósfera con efectos cancerígenos, entre ellas dioxinas, furanos y metales pesados, y de que la población residente en el entorno de las incineradoras presenta una tasa de cáncer 1,44 veces mayor que el resto.

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