Ha costado, pero finalmente la Fiscalía General del Estado ha presentado hoy la querella derivada de las actuaciones del 9N. Tras una semana en la que la Fiscalía General y la de Catalunya se pasaron la una a la otra las responsabilidades jurídicas, Eduardo Torres-Dulce consiguió el apoyo, casi por unanimidad, de sus compañeros de sala para poder querellarse contra el presidente de la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta, Joana Ortega y la consejera de Educación, Irene Rigau.
CiU habla de persecución política enmascarada a través de la Justicia. El portavoz de la formación en el Parlament asegura que tendrá un efecto contrario al que busca el Gobierno. Ha repetido la necesidad de que se haga política fuera de los tribunales.
La vicepresidenta del Govern catalán, Joana Ortega, ha aseverado hoy, tras conocer la querella de la Fiscalía en su contra, que se siente «absolutamente tranquila». No se identifica con ninguno de los cuatro delitos que le atribuye el Ministerio Púbico: desobediencia, prevaricación, malversación y usurpación de poderes públicos.
En declaraciones a los medios tras un acto en Barcelona, Ortega ha hecho hincapié en el compromiso del Govern de «dar voz al pueblo catalán» con el proceso participativo del 9 de noviembre. Asegura que varios miembros tanto de CiU como de otras formaciones políticas y de personas de otros ámbitos de la sociedad, algunos de los cuales se han «autoinculpado» a través de las redes sociales o con declaraciones públicas, le han comunicado su apoyo.
Por ejemplo, el Parlament aprobó asumir en bloque las consecuencias jurídicas del proceso participativo. Los grupos que no apoyaron la consulta: PSC, PPC y Ciutadans, se quejaron de esa autoinculpación ya que ellos mostraron su rechazo a la propuesta.
Respeto por la Justicia
En alusión al Gobierno del PP, la dirigente democristiana ha incidido en que no se debería hacer política «a través de los tribunales».
«Tengo un gran respeto por la Justicia, pero no tengo ninguna sensación ni sentimiento de haber actuado de forma delictiva», ha afirmado Ortega.
En la misma línea se ha expresado Irene Rigau, quien afirmaba que esta querella es totalmente incomprensible para alguien que ha vivido en persona el 9N. Aseguró además que estas actuaciones agrandan la diferencia mental entre Catalunya y el resto de España.
Ortega no se ha querido pronunciar sobre qué debería hacer el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, receptor de la querella, porque, según ha dicho, no quiere emular a la presidenta del PPC, Alicia Sánchez-Camacho, quien con sus declaraciones estos últimos días hace, a su juicio, un «flaco favor» a la Justicia.
La vicepresidenta catalana ha manifestado respeto por la justicia y ha reclamado que se actúe con celeridad en éste y en todos los casos: «La justicia, para que sea justa, tiene que ser rápida», ha concluido.
Los dos últimos presidentes de CiU han sido denunciados por la Fiscalía
Artur Mas pidió que quien buscara responsabilidades por la consulta alternativa, acudiera a él. Con esta querella, se convierte en el segundo president que ha sido denunciado por la Fiscalía General del Estado