Lunes 12/11/2018.

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Los sindicatos mayoritarios de la Policía recelan del plan de Interior para rebajar partes de la ley mordaza

Los cuatro sindicatos mayoritarios de la Policía Nacional han calificado de "mala noticia" la instrucción del Ministerio de Interior para "racionalizar" la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, rebautizada como 'Ley Mordaza' por sus detractores, al considerar que somete el trabajo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado "a un entorno de mayor riesgo".

La secretaria de Estado de Seguridad, Ana Botella, ha subrayado que el Gobierno ha adoptado esta medida con el fin de evitar las situaciones de "desproporción" y de "extrema aplicación" de esta norma que, a su juicio, se están produciendo.

En cambio, en opinión de los sindicatos policiales esta medida les supondrá "un entorno de mayor riesgo al establecer exigencias y requisitos para una sanción administrativa que busca proteger mejor a los compañeros frente a intentos de señalamiento, amenazas, acoso y persecución por el ejercicio de sus funciones".

En esta línea, recalcan que conllevará "más trabas para su aplicación, más obstáculos para su cumplimentación y, en definitiva, un claro intento de abolir por la vía de los hechos una parte de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana que defiende a los policías nacionales".

En un comunicado conjunto suscrito por la Confederación Española de Policía (CEP), el Sindicato Unificado de Policía (SUP), la Unión Federal de Policía (UFP) y el Sindicato Profesional de Policía (SPP), han censurado que Interior se arrogue este nuevo enfoque interpretativo de la ley "puesto que es el Tribunal Constitucional el encargado de someter a parámetros de idoneidad jurídica una norma sobre derechos fundamentales".

"En plata, se trataría de una vía alternativa para desactivar preventivamente esa norma en un ámbito político, escapando de las limitaciones que establece el Poder Legislativo", han argumentado.

En una línea similar, han calificado de "falta de respeto" que Interior haya elaborado esta instrucción "sin contar con los legítimos representantes de policías nacionales, habiendo tenido conocimiento de ella cuando se ha publicado en diferentes medios de comunicación".

"Este hecho es de una gravedad considerable, sobre todo cuando en la elaboración de aquella Ley Orgánica sí que se nos tuvo en cuenta, como a otros muchos actores sociales, y se contó, además, con todos los avales técnicos que respaldaron, en un plano jurídico, la idoneidad de una norma básica para que la seguridad ciudadana contribuya a defender esa tranquilidad y bienestar que constituye el pilar fundamental de nuestra convivencia en democracia", han alegado al respecto.

Para los sindicatos mayoritarios de la Policía la ley fue aprobada para protegerles "frente a un uso indebido, por particulares, de sus imágenes con un fin que pusiera en riesgo su seguridad y la de su familia", algo que no tiene nada que ver con el derecho a la libertad de información, pero sí con "las reiteradas y acreditadas campañas que han buscado de manera periódica condicionar, mediante el hostigamiento, el trabajo de muchos compañeros".

Así recuerdan que la imagen de un policía de servicio tomada mediante un dispositivo de grabación constituye un dato de carácter personal y su inclusión en redes sociales o soportes de Internet de cualquier tipo supone un tratamiento no autorizado por lo que los matices que Interior introduce ahora "sólo pueden ser entendidos como un subterfugio para desactivar ese artículo y lograr que no se pueda aplicar una sanción frente a un comportamiento que amenace la seguridad de los agentes que trabajan en las calles".

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