«En primer lugar me gustaría señalar que esta huelga se convoca por cuestiones políticas, para boicotear las reformas del PP, antes incluso de que empiecen a hacerse efectivas. Es verdad que el número de parados está subiendo, pero esto no es consecuencia de las medidas del PP -que, como digo, todavía no han tenido tiempo de ser puestas en marcha-, sino de la crisis.
En cuanto a la ley de huelga: la que tenemos ahora se remonta a un decreto ley de 1977, que por primera vez encaraba jurídicamente la cuestión de las huelgas. Se trata, por tanto, de una ley pre-constitucional.
¿Como se aplica esta ley? El artículo 28.2 de la Constitución dice que tiene que hacerse una ley de huelga y habla de preservar los derechos esenciales y los de la comunidad.
El catedrático Vidal Soria, afín al PSOE, presentó un recurso contra el Decreto Ley de la Huelga por considerarlo inconstitucional. Pero el Tribunal Constitucional, en una sentencia de Díaz Picazo, reconoce la validez de este Real Decreto Ley y dice como se tiene que aplicar.
A partir de esta sentencia se ha producido una copiosa jurisprudencia que ha brotado de las muchas huelgas que desde entonces ha habido en España.
Hubo un intento de por parte del PSOE de Felipe González de regularizar la ley de huelga. En 1996 dicho intento fue aprobado por las Cortes. Pero cuando iba a ser aprobada por el Senado, Felipe González presentó su dimisión.
Lo que pretendía dicha ley era identificar cuales era los servicios esenciales para la comunidad: educación, sanidad, aeropuertos y demás. Esta reforma decía que la participación activa en una huelga no es motivo de despido.
Nadie ha resucitado esta ley, que era una ley bien escrita. Nadie ha querido entrar en el tema.
Los sindicatos están encantados con la situación actual. Dicen que la mejor ley de huelga es la que no existe. A ellos les vale el artículo 28.2 de la Constitución, que, como he dicho, está sin desarrollar, y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que habla del derecho a informar, pero no a motar piquetes.
Ni Aznar ni Zapatero han querido enfrentarse a los sindicatos y la patronal, tampoco. Se ha creado un modus vivendi en torno a este sistema. Por ello, creo que no se va a cambiar nada. No creo que Rajoy se meta en este tema porque sería calentar el ambiente».
– Fernando Claro Casado es Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia de Comillas, y académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Además, es abogado en el despacho CCM ABOGADOS, donde está especializado en Derecho Laboral, Seguridad Social, Contratos Mercantiles y práctica procesal ante Juzgados y Tribunales.