Martes 02/06/2020.

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¿Es obsceno que entre PP y PSOE se repartan los altos cargos de la judicatura del Estado?

Política

"El problema en España es que la justicia no es independiente del poder político"

  • Rosa Díez ha acatado la Constitución, así que luego no debería de escandalizarse de cómo funciona la oligarquía de partidos.
  • En España no existe poder judicial en cuanto tal; lo que existe es un Ministerio de Justicia, que nombra al Fiscal General del Estado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial.
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Rosa Díez ha tachado de "obscenidad" el reparto de cargos de los órganos constitucionales que han llevado a cabo principalmente PP y PSOE. Pero todo lo que están haciendo ahora los políticos lo hacen de acuerdo con la Constitución. Así que, en todo caso, a lo que habría que calificar de obscenidad es a la misma Constitución. Rosa Díez ha acatado la Constitución, así que luego no debería de escandalizarse de cómo funciona la oligarquía de partidos.

La Constitución establece que los ciudadanos no elijan a sus representantes, sino que sean los jefes de los partidos los que confeccionan las listas. Esta situación degrada los ciudadanos a súbditos, pues hace que los españoles carezcan de libertad política. Rosa Díez ha aceptado participar en un Estado donde no están representados los ciudadanos, sino los jefes de los partidos -incluido UPyD, el partido que ella misma dirige-. Con ello, Díez demuestra que es una falsa reformista porque no va a la causa del actual estado de corrupción política, que es la oligarquía de partidos que nos gobierna.

Esta misma Constitución hace que no haya independencia del poder judicial. De hecho, en España no existe poder judicial en cuanto tal; lo que existe es un Ministerio de Justicia, que nombra al Fiscal General del Estado, al Tribunal Constitucional y al Consejo General del Poder Judicial.

La Constitución, cuando habla de independencia del poder judicial, solo se refiere a que hay que custodiar la libertad de conciencia de los jueces para que dicten sentencia. Y en los asuntos civiles y penales la independencia de la justicia está garantizada, pero el problema es que en España la justicia no es independiente del poder político. Por eso, cuando se trata de asuntos de corrupción política, los jueces no se atreven a aplicar la ley”.

- Antonio García-Trevijano Forte es letrado y editor del diario República Constitucional.

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