Podemos ha realizado dos actos reivindicativos este miércoles en el Congreso de los Diputados. Y en los dos, para poner en entredicho la labor de los jueces.
A primera hora ha reivindicado la figura de Andrés Bódalo, su edil en Jaén que lleva un año en prisión por agredir a otro concejal socialista.
El diputado Diego Cañamero se ha presentado con sendos carteles con los rostros de Urdangarin y Bódalo con el lema «Urdangarin, en libertad en Suiza», «Bódalo, un año en prisión en Jaén». Cañamero ha denunciado la «doble vara de medir» de la Justicia española que «maltrata» y mete en prisión a personas que «roban gallinas» mientras que otros «viven a cuerpo de rey».
No es la primera vez que Cañamero y otros diputados de Podemos, entre ellos su líder, Pablo Iglesias, reclaman la libertad de Bódalo en el Congreso y fuera de él.
El pasado 4 de marzo Iglesias visitó a Bódalo en la cárcel de Jaén y allí denunció que mientras Rodrigo Rato, Miguel Blesa o Iñaki Urdangarin siguen libres, el dirigente del SAT sigue en la cárcel «por hacer sindicalismo».
¿Por qué fue Bódalo condenado realmente?
No fue por hacer sindicalismo. La realidad es que Bódalo fue condenado por un delito de atentado y una falta de lesiones por la agresión al exteintente de alcalde del municipio de Jódar. Los hechos se remontan a septiembre de 2012, fecha en que miembros del SAT mantenían un encierro reivindicativo en la Casa de la Cultura. El día 27, los jornaleros trasladaron su protesta a la plaza situada frente al Ayuntamiento, donde habían acudido a declarar varios compañeros en relación con un expediente sancionador por incumplimiento de una ordenanza municipal.
De acuerdo con los jueces, se estaba desarrollando «por cauces pacíficos» una sentada en la que participaban unas «60 o 70 personas» hasta que apareció el entonces teniente alcalde, Juan Ibarra, que volvía al Consistorio después de salir a tomar un café. Entonces, varios de los manifestantes «se avalanzaron sobre el concejal, arrinconándole contra la pared, a escasos metros de la entrada del Ayuntamiento, siendo golpeado con los puños por Andrés Bódalo y otros procesados.
Aquella noche en Alsasua
Después, el grupo parlamentario de Podemos se ha reunido con familiares de los nueve jóvenes detenidos por la agresión a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua. Consideran los de Iglesias que acusar de delito de terrorismo a los agresores, como ha hecho la Audiencia Nacional, es una calificación que desproporcionada para lo que Podemos, en línea argumental con los agresores, considera como una «pelea de bar».
A petición de los familiares, un total de 88 diputados y senadores de Unidos Podemos, IU, el PNV, PDeCAT, ERC, Compromís y Bildu han suscrito además un manifiesto en el que denuncian «la falta de proporcionalidad» y la vulneración de las garantías procesales de los imputados.
Piden que se elimine la calificación como delito de terrorismo y que el caso sea devuelto al juzgado de instrucción número tres de Pamplona, de donde «nunca debería haber salido», según Ione Belarra, portavoz de Podemos.
Belarra, además, ha considerado que víctimas son tanto las personas agredidas como «las que están viéndose sometidas a un procedimiento judicial injusto y desproporcionado«, es decir los imputados por la agresión. «Nos solidarizamos con todas las víctimas», ha añadido.
El manifiesto, sin embargo, no lo han suscrito todos los diputados de Podemos, como había anunciado en un principio la formación. Lo firman 48 de los 67 miembros del grupo parlamentario de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea.
No está entre ellos el exportavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) Juan Antonio Delgado. Delgado ha optado no firmarlo para poner en valor lo que, ha señalado, es «lo importante»: que «desde el minuto uno Podemos ha condenado la agresión» a los guardias civiles que considera que «es un delito», y que su solidaridad está con las víctimas.
Si bien Delgado comparte que ha habido desproporción al calificar los hechos como terrorismo, ha insistido en poner el acento en la condena sin paliativos de todo su grupo a la agresión a los guardias civiles.
El juez Juan Pedro Yllanes tampoco comparte al cien por cien el contenido de ese manifiesto porque considera que la reclamación a la Audiencia Nacional puede suponer una interferencia en la separación de poderes.
Sin embargo, su firma sí aparece. Yllanes no recordaba haberlo suscrito y manifestaba a la prensa sus discrepancias con el contenido, aunque después ha admitido haber olvidado que le presentaron hace dos meses el documento y que lo había firmado.
¿Fue una pelea de bar?
Según la juez de la Audiencia nacional Carmen Lamela, la agresión de Alsasua se enmarca en las “rutinas de hostigamiento” a los agentes del Instituto Armado que impone el colectivo Ospa Mugimendua, al que pertenecen varios de los detenidos, y que opera en el municipio navarro con el apoyo de Sortu y Bildu. «Todos conocían con anterioridad la condición de Guardia Civiles del teniente y el sargento, siendo esta única y exclusivamente la causa por la que fueron insultados y golpeados», afirma la juez en el sumario.
El teniente y el sargento de la Guardia Civil se encontraban, vestidos de paisano y fuera de servicio, en el bar Koxa de Alsasua cuando, alrededor de las tres y cuarto de la madrugada, los dos guardias estaban tomando una consumición con sus parejas cuando uno de los jóvenes, Jokin Unamuno, les increpó. A continuación, entre 20 y 25 personas, según la investigación, rodearon a las dos parejas y les comenzaron a insultar y amenazar: “esto os pasa por venir aquí”, “tenéis lo que os merecéis”, “iros de aquí”, “hijos de puta”, “cabrones fuera de aquí”, “perros”, “putos pikoletos”, “txakurras”, “alde hemendik” (fuera de aquí), “utzi pakean” (dejadnos en paz). Cuando intentaron abandonar el bar, el grupo comenzó a golpearles causándoles diversas lesiones. El teniente sufrió, entre otras heridas, una fractura en el tobillo que precisó una intervención quirúrgica en la que se le colocaron una placa y tornillos.