Viernes 07/08/2020.

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La justicia cerca a Mas (o eso parece)

  • Lo que el Tribunal entiende es que Más y compañía no acataron la decisión del Tribunal Constitucional que suspendió la consulta.
  • El instructor del caso se basa en lo que denomina los actos preparatorios, la publicidad institucional, la aparente realización de actos administrativos...

         La sucesión de acontecimientos en los últimos días y la caída de tensión en la obsesión secesionista de la Generalitat han impedido reparar en una noticia relevante que se ha hecho esperar: la acción de la justicia contra Artur Mas. Albricias sean dadas por la buena nueva. Ojo, no es que uno desee el mal para el independentista que negaba serlo; lo que anhela es que España sea un país serio en el que se cumpla el principio justiciero de que quien la hace la paga, que es, además, una de las bases en la que se asienta el sistema democrático, o sea, el imperio de la ley, que todo el mundo debe cumplir escrupulosamente, mucho más si es un gestor político.

         Por fin, ha respirado la administración de justicia y ha puesto sobre la mesa la desobediencia de Artur Mas al Tribunal Constitucional. No se trata de una heroicidad, no es un acto extraordinario ni una proeza, porque quien haya seguido el proceso separatista de la Generalitat, aun en la distancia y sin mucha atención, ha llegado fácilmente a concluir que Artur Mas se burló del Tribunal Constitucional cuando puso en marcha la consulta que éste había suspendido días antes por ser contraria a las normas constitucionales. Fue una desobediencia patente y pública, a la luz de las cámaras y con un gesto de petulancia como el de quien se regodea en la transgresión. “Yo soy el responsable”, dijo Mas ante la televisión sosteniendo en la mano una papeleta de voto y componiendo una sonrisa.

         Lo que da un grado más de interés a la decisión judicial es que procede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, una corte que para este caso infundía muchas desconfianzas. La gente es malpensada, ya se sabe. Pero ha aceptado las querellas numerosas que se habían presentado contra Mas y la vicepresidenta Joana Ortega y el consejera Irene Rigau, a saber, querellas de la Fiscalía, de UPyD, de Manos Limpias, de Vox, del Sindicato Profesional de Policía y de la Asociación Pro Justicia siglo XXI, y no sé si me dejo alguna, más otro número aún mayor de denuncias. Aceptándolas, el Tribunal abre formalmente el proceso contra ellos.

         Lo que el Tribunal entiende es que Más y compañía no acataron la decisión del Tribunal Constitucional que suspendió la consulta y para llegar a esa conclusión el instructor del caso se basa en lo que denomina “los actos preparatorios, la publicidad institucional, la aparente realización de actos administrativos de desarrollo de carácter verbal o por la vía de hecho hasta llevar a cabo, en edificios públicos de Cataluña, las votaciones el día 9 de noviembre de 2014”. Eso está muy bien, como estoy seguro de que certificarán todos los que comprobaron en los medios de comunicación los actos de rebelión continua y flagrante del presidente de la Generalitat. Es una suerte que los guardianes del cumplimiento de la ley lleguen a una conclusión idéntica a la de los asombrados ciudadanos, que se han preguntado muchas veces cómo un representante de la Administración Pública española podía actuar contra esa Administración incumpliendo sus obligaciones y sin que nadie osara pararle los pies. Pero no se dé nada por seguro porque esa conclusión tan palmaria es aún provisional.

         Lo que no está tan bien es que el alto tribunal catalán, por boca del instructor, no vea aún claro que Más y los demás hayan cometido delitos de prevaricación y de malversación de caudales públicos, objetos también de las querellas. Eso lo deja el tribunal para más adelante “en función del resultado de la investigación”. Pero la prevaricación (que es el delito que comete una autoridad que dicta a sabiendas una resolución injusta) de alguien que toma decisiones para desobedecer es igualmente notoria e indudable para los ciudadanos asombrados, lo mismo que la malversación, porque esos actos de desobediencia costaron un dinero a las arcas públicas, dinero detraído de los impuestos pagados por los ciudadanos catalanes y del resto de España, que además de su asombro han tenido que sufrir un despojo (al menos, en cuanto que el dinero de sus bolsillos ha sido empleado no en su beneficio sino en los planes de los independentistas transgresores).

         Entiéndase todo lo anterior dicho provisionalmente, o presuntamente, o supuestamente, o como se quiera, que es lo que dicta el principio de que nadie es culpable mientras no se demuestre lo contrario. Lo que no hay que entender presuntamente sino de manera cierta y comprometida es que si hay un caso de urgente tramitación de la justicia es éste. Porque Artur Mas ha sido el protagonista principal de un acto continuo de insurrección contra la legalidad vigente a la vista de todos, un episodio desgraciado que ha durado más de dos años en los que ha maltratado a la sociedad española y ha puesto en vilo la estabilidad política del país, y ahí sigue en su puesto como si su insolencia hubiera sido un simple juego sin más alcance. Mas ha cometido no solo una deslealtad política contra el Estado, al que pertenecemos todos, sino también posibles delitos del Código Penal, presuntamente por supuesto, y eso requiere una aclaración rápida y precisa. Hay gente, mientras tanto, que sospecha que aún puede ser víctima de una tomadura de pelo.

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