La líder del movimiento democrático birmano, Aung San Suu Kyi, cumple hoy un año en el poder, al que llegó con grandes expectativas de cambio, que se han visto lastradas por la persistente influencia del Ejército y la violencia contra las minorías étnicas.
El gobierno de la Liga Nacional para la Democracia (NLD) que encabeza la Nobel de la Paz fue el primero en asumir el poder en Birmania (Myanmar) de forma democrática tras casi cinco décadas de regímenes militares.
Lo hizo tras arrollar en las elecciones de noviembre de 2015 al partido formado por exgenerales, que en 2011 inició un proceso de apertura recompensado por la comunidad internacional con el levantamiento de sanciones.
Los planes del nuevo gobierno chocaron en seguida con los límites impuestos por el Ejército con la Constitución de 2008, que vetó a Suu Kyi de la presidencia del país con una cláusula hecha a medida.
Esta respondió colocando a un hombre de confianza, Htin Kyaw, como jefe de Estado, y reservándose varios ministerios, incluido uno creado a medida, el de Consejera de Estado, que la convirtió en la líder de facto del gobierno.
Sus primeras disposiciones invitaron al optimismo: liberación de los presos de conciencia, convocatoria de una conferencia de paz con las guerrillas étnicas y una comisión internacional dedicada a buscar soluciones a la violencia sectaria en el estado Rakhine.
Con el paso de los meses, las expectativas depositadas en la transición política se fueron diluyendo a medida que se acumulaban las críticas de activistas y organismos internacionales.
Una causa ha sido el repunte de la represión a los críticos, con una cuarentena de procesados por delitos de opinión en internet en base a una ley del anterior Ejecutivo promilitar que en dos años la utilizó siete veces.
Otra, el fracaso del proceso de paz con las guerrillas, que tras cerrar sin acuerdos la conferencia con 18 de los 21 grupos armados, ha derivado en los peores combates en años en el noreste del país, donde unos 36.000 civiles han sido desplazados por la violencia.
Pero si algo ha dañado la imagen del gobierno y de Suu Kyi ha sido su gestión en Rakhine, donde el Ejército se desplegó en octubre tras el asalto armado en tres puestos de la policía fronteriza atribuido a rebeldes de la minoría musulmana rohinyá.
Los militares han sido acusados de cometer todo tipo de abusos contra la población civil -incluidas ejecuciones, violaciones y quema de casas- que han llevado a unos 74.000 rohinyá a huir a Bangladesh y a la ONU a alertar de posibles crímenes contra la humanidad.
El Gobierno birmano ha negado las acusaciones mediante una investigación que no encontró rastro de abusos y de portavoces de Suu Kyi que las atribuyeron a «denuncias falsas».
A suavizar las críticas no ha contribuido el silencio de Suu Kyi, que desde que asumió el cargo se ha expresado solo a través de contados discursos -al final de la jornada prevé dar uno de balance- y no ha concedido entrevistas ni ruedas de prensa con preguntas.
La pasividad de quien sufrió 15 años de reclusión por plantar cara a la junta militar ha sido interpretada por la mayoría de observadores como prueba de su debilidad ante el Ejército, que opera en gran medida fuera del control del Gobierno.
Lo hace posible la Constitución que la última junta militar hizo aprobar antes de disolverse y que les reserva amplios poderes, incluido el veto en el parlamento, y ministerios clave como Defensa, Fronteras e Interior, del que depende la burocracia del Estado.
La reforma de la Carta Magna fue uno de los objetivos que se fijó Suu Kyi al asumir el cargo, propósito para el que requiere una mayoría parlamentaria que incluya a los diputados designados por el Ejército.
Uno de sus estrechos colaboradores, el abogado Ko Ni, trabajaba en una posible vía alternativa para modificarla pero fue asesinado en enero de un disparo de un exmilitar en la parada de taxis del aeropuerto de Rangún.
«La bala fue para la NLD y toda la gente que quiere cambiar la Constitución de 2008», dijo el abogado pro derechos humanos, Thein Than Oo.
El director en Asia de la Comisión Internacional de Juristas (ICJ), Sam Zarifi, manifestó a Efe que aun es pronto para juzgar al gobierno y que la transición de un régimen autoritario no se consigue en un solo año.
«El gobierno se ve obligado a trabajar en un entorno restringido, con sus poderes limitados por la Constitución. Y tiene poca experiencia de gobierno», argumentó.
El embajador de EEUU hasta 2016, Derek Mitchell, admitió estas dificultades pero urgió a Suu Kyi a aprovechar el enorme apoyo popular de que dispone para corregir el actual rumbo.
«Nadie espera que las cosas se arreglen con facilidad. Es evidente que las constricciones que afronta la NLD son intensas, los desafíos monumentales y las expectativas deberían moderarse», escribió Mitchell.
Pero, «la paciencia no debe suplir los ajustes urgentes necesarios para que el viento de cambio siga soplando a su favor en los próximos años», concluyó.