Susana Díaz, investida este jueves presidenta de la Junta de Andalucía, no mencionó el escándalo de los ERE, pero habló de combatir con todas sus fuerzas la corrupción con más transparencia y control y con una propuesta de reforma legal para prohibir las donaciones privadas a los partidos. Una proposición concebida, en teoría, para evitar donativos que comprometen a las instituciones o que circulen en canales de dudosa legalidad. Pero en esta propuesta quedan fueran las fundaciones vinculadas a las formaciones políticas, que no solo ingresan más dinero de donativos privados que los partidos, sino que lo hacen de forma opaca, porque la ley lo permite. Como también autoriza que una empresa con un contrato público haga una donación a una fundación, algo vetado para los partidos.
Los centros de opinión de las formaciones recibieron un total de 9.123.283 euros de donaciones privadas durante 2008, el último ejercicio fiscalizado por el Tribunal de Cuencas. Ese mismo año, que fue electoral, los partidos ingresaron 6.140.235 euros de donativos privados. Como ejemplo, hay formaciones que no registraron donaciones, pero sí recibieron dinero privado a través de sus formaciones, son los casos Chunta Aragonesista, que tuvo una fundación que ingresó 122.616 euros. También, Iniciativa per Catalunya-Verds, que no registró donativos, pero sí su »think tank», que obtuvo 1.108.327 euros.
De las donaciones que recibieron las fundaciones, 6.692.757 euros correspondieron a donativos directos a través de empresas (2.939.815 euros) y personas (3.752.942), y el resto correspondieron a convenios de colaboración. Sobre estos contratos, el Tribunal de Cuentas llama la atención porque se han registrado casos en los que no quedó debidamente acreditado la actividad para la que se acordó el convenio: “Se ha observado que algunas fundaciones han instrumentado a través de convenios de colaboración la realización de programas y actividades cuya ejecución conlleva la emisión de la factura. Se estima conveniente la verificación de la prestación del servicio con el documento de las relaciones contractuales”, apunta el tribunal en su informe.
Otro hecho que destaca el órgano fiscalizador es que se registraron donaciones en cuentas ordinarias y también donativos sin figurar la identidad del donante. La ley obliga que las cantidades se abonen en cuentas específicas y que se informe de la identidad del donante. El Tribunal detecta que se registraron donaciones de 3.232.074 en cuentas particulares.
Las empresas con contrato público pueden dar dinero
En cuanto a la cuantía, no hay límites para un mismo donante, sea empresa o una persona. En cambio, la reforma de la ley de financiación de partidos acordada en octubre de 2012 limitó a 100.000 euros la cuantía en cada ejercicio. Por ejemplo, la Fundación para el Estudio de los Problemas de las Ciudades vinculada entonces al PSOE recibió 418.754 euros de una misma empresa.
Lo que más preocupa al órgano fiscal, y así lo hace constar en el informe, es que empresas con contratos públicos puedan dar donaciones a las fundaciones políticas. El Consejo de Europa ha advertido en varias ocasiones sobre este hecho, porque eleva el riesgo de que los representantes políticos hagan tratos de favor a las empresas que donen, y, al revés, que adjudicatarias de obras públicas sientan el ‘deber’ de hacer una donación a la fundación, que pertenece a un partido.
El Tribunal de Cuentas insta al Gobierno a que la ley amplíe a las fundaciones la prohibición de las donaciones de empresas que prestan servicios públicos. También, pide que estos centros de opinión estén obligados a someter sus cuentas a control, no solo las donaciones, ya que el panorama actual “podría menoscabar la eficacia en el control de la actividad ordinaria y electoral de las formaciones en relación a sus fundaciones”.
No hay que olvidar, además, que estas fundaciones reciben subvenciones, al igual que los partidos. En 2012 ingresaron 2.477.448 de ayudas públicas, de las que el 75% se repartieron entre las centros de los dos principales partidos FAES, del PP, (1.188.071), y la Fundación Ideas y Pablo Iglesias del PSOE (664.848 euros).
Precisamente porque se financian en parte con dinero público, estalló la polémica el pasado enero en IDEAS por los artículos que escribía y cobraba Irene Zoe Alameda, con el pseudónimo de Amy Martin, a pesar de ser la mujer del entonces director de la fundación Carlos Mulas.