«Todos estos aeropuertos me parecen un disparate. La raíz de estos excesos se encuentra en la inmunidad jurídica que tienen los diputados, los senadores y los cargos políticos en general.
Una inmunidad que, a mi juicio, es totalmente excesiva. Si acaso, se podría hacer como en EE.UU. o Inglaterra, donde el Rey, el Presidente y el primer ministro gozan de cierta inmunidad para que la gente no se esté querellando todo el día contra ellos. Pero en Norteamérica un juez normal puede intervenir en el delito que se le atribuye a cualquier senador o congresista.
Si tuvíesemos que buscar un último culpable de los excesos de los últimos años, yo se la echaría al sistema legal establecido en países como el nuestro, donde se protege de una manera desproporcionada a los gobernantes y se les da una tratamiento especial que no deberían de tener. Muchas veces se olvida que los políticos no son más que gente corriente designada para cumplir con una función concreta.
Pero en España hemos llegado a considerar legal aberraciones como que un político -por ejemplo, un alcalde- pueda percibir un porcentaje del presupuesto que él previamente ha decidido ejecutar en el `plan especial´ de turno. La gente no debería de extrañarse de que luego pase lo que pase.
Además, hemos visto como de un tiempo a esta parte se ha destruido la jerarquía de la burocracia pública, que ha sido ocupada por cargos políticos.
Una jerarquía burocrática, de cualquier tipo, tiene como función el control de una administración dada. Pero en el caso del funcionario público esta jerarquía burocrática tiene un fin especial, que no es buscar la rentabilidad, sino mantener debidamente el orden social. Pensemos, por ejemplo, en el Ejército o la Policía; no dejan de ser burocracias públicas cuya preocupación es mantener ese orden, y no resultar económicamente rentables. Por contraposición, una burocracia privada -cualquier empresa- se ha de preocupar principalmente de la rentabilidad, de la ganancia.
Pero los políticos, de un tiempo a esta parte, están introduciendo en lo público formas de gestión propias de lo privado, con lo cual la preocupación principal pasa a ser la rentabilidad. Al introducir normas privadas de funcionamiento se pervierten los fines, pues ya no se busca el orden sino el beneficio del Estado. Y entonces vemos entrar a los intereses privados en la administración pública: son formas de rendimiento que buscan un beneficio particular. Este proceso lo explica muy bien el economista austríaco Ludwig von Mises en su libro Burocracia.
Tolo ello se vuelve especialmente preocupante cuando sucede dentro de la maquinaria Estatal moderna, que desde Hobbes es un organismo impersonal diseñado para diluir en nombre de la soberanía toda responsabilidad particular. Y así llegamos a hoy: el Estado, en nombre de lo público, monopoliza todos los ámbitos sociales, y, acto seguido, los intereses privados, en connivencia con el Estado, ponen lo público al servico de sus intereses particulares.
Creo que la base de este problema se encuentra en que el Estado moderno se ha extralimitado en sus funciones. Si el Gobierno se limitase a cumplir su fin, que es proporcionar al pueblo seguridad interna y externa, mantener el orden social dentro del Derecho y buscar la utilidad común, todos estos excesos no se habrían producido.
Tampoco pretendo criminalizar al Estado como forma política. Históricamente ha cumplido su función, y en ocasiones lo ha hecho muy bien, pero es indudable que ahora está dando claros signos de agotamiento. Hoy en día el Estado se ha convertido en un ente ideal que se supone que hace siempre lo mejor. Se lo ha sacralizado. Y al Estado -o al poder público correspondiente, como una Comunidad Autónoma- se le deja intervenir en todo porque previamente se legitima acríticamente cualquier cosa que haga.
Las consecuencias de este proceso de decadencia es la corrupción institucionalizada, una corrupción que se ha visto con claridad en las llamadas Fundaciones Públicas, o en las Cajas de Ahorro, donde se han metido los políticos y los sindicalistas y han provocado lo que han provocado. Por cierto, no es casualidad que varias de estas Cajas de Ahorro hayan estado implicadas en la construcción de estos aeropuertos fantasmas. Las Cajas de Ahorro antes funcionaban bien, tenían una obra social, pero ahora los políticos las han destruido.
En resumen: la ausencia de responsabilidad personal, propiciada por los distintos organismos Estatales (ya sean de nivel nacional, regional y, sobre todo, municipal), ampara a esa corrupción que pone el Gobierno al servicio particular de una oligarquía formada por los políticos y sus empresarios cómplices«.
– Dalmacio Negro Pavón, catedrático emérito de Ciencia Política en la Universidad Complutense de Madrid y miembro de número de la Real Academia Española de Ciencias Morales y Políticas. Su último libro publicado (2010) es Historia de las formas del Estado.