Miércoles 19/09/2018.

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¿Cómo evitan las universidades las malas praxis?

La polémica por las presuntas irregularidades en los estudios de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hace cuestionarse a la sociedad si las universidades disponen de los mecanismos necesarios para evitar malas praxis.

La polémica por las presuntas irregularidades en los estudios de máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, hace cuestionarse a la sociedad si las universidades disponen de los mecanismos necesarios para evitar malas praxis.

La Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Universidades, que modificó en 2007 la Ley Orgánica de Universidades de 2001 para adaptarse a la Declaración de Bolonia, fija la exigencia de los campus de rendir cuentas sobre el cumplimiento de sus funciones.

Y señala que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca) tiene "un papel muy importante en el binomio autonomía-rendición de cuentas".

Precisamente un portavoz de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), la mayor de España, señala a Efe que "los títulos y enseñanzas que imparte están sometidas, también por ley, a la valoración de las agencias encargadas de ello, en especial de la Aneca".

A la pregunta de si las universidades deben tener mecanismos que salvaguarden a estos centros de malas prácticas académicas, el portavoz de la Complutense contesta: "rotundamente sí".

"Hay que implantar criterios y controles que garanticen que los títulos universitarios -incluidos los que corresponden a la formación permanente- son de alta calidad y cumplen con todas las exigencias requeridas", afirma.

En la UCM, los controles abarcan a los Departamentos, Decanatos y Vicerrectorados de Calidad y Estudios, y la Inspección de Servicios actúa si se detectan infracciones.

Lo mismo ocurre con la gestión ordinaria de personal, servicios y asuntos económicos, pues las distintas unidades deben cumplir la ley que regula los procesos, que, a su vez, se ven fiscalizados internamente por la Gerencia general y la Intervención y, posteriormente, por auditorías externas y por el Tribunal de Cuentas autonómico y nacional.

Desde la UCM añaden que si se detecta la comisión de actos que pudieran ser constitutivos de delito se tiene "la obligación legal de trasladarlo a los tribunales de justicia".

Al igual que en la Complutense, en una universidad privada como la de Navarra se dispone de mecanismos de control externo e interno, explica a Efe Unai Zalba, adjunto al Vicerrector de Ordenación Académica.

La Aneca supone el "control externo", y sus auditores acuden cada cuatro años a las universidades y comprueban, por ejemplo, que cada centro cumple en sus másteres con lo establecido en una "exhaustiva memoria" enviada previamente al Ministerio de Educación.

En esa memoria se detalla el proyecto formativo propuesto: contenidos, títulos que se piden para acceder al máster, materias, sistema de evaluación, profesorado que lo va a impartir y los recursos materiales.

Los auditores de Aneca no dudan en pedir documentación para constatar todo e incluso se entrevistan con profesores y alumnos, afirma Zalba, que destaca que en la Universidad de Navarra poseen las "guías docentes de las asignaturas", en las que se recoge para cada materia su contenido, programa, actividades formativas presenciales y no presenciales que el alumno debe realizar, cómo se le va a evaluar o los horarios de clases.

En esas guías, que están en su web, "se establece de manera muy clarita lo que debe hacer el alumno y a lo que debe sujetarse el profesor", son el "marco necesario para que todo se lleve a cabo de manera rigurosa", enfatiza Zalba.

Esta universidad tiene a su vez un Sistema de Garantía Interna de Calidad que cada año revisa y analiza los títulos (grado, máster y doctorado) ofrecidos, y en el que participan docentes y alumnos a través de encuestas.

Y es "clave" el "sistema de gestión de actas", afirma Zalba, pues solo el profesor responsable de la asignatura puede acceder al acta y calificar a los alumnos, quedando registrado en el sistema todo ello; las actas se archivan con un número de registro.

El presidente de los Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, condenó la semana pasada cualquier acto de irregularidad o de ilegalidad en la vida universitaria por ser impropio de una institución académica, en referencia a la investigación que se lleva a cabo en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid por el caso Cifuentes.

Aunque reconoció que, como cualquier institución que alberga a miles de personas, es posible que se produzca "alguna actuación incorrecta" de forma puntual.

Pilar Rodríguez Veiga

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