Muchos se malician del silencio de los empresarios catalanes en el desbarajuste soberanista de los últimos años. Y es que, salvo raras excepciones –la de José Manuel Lara es quizá la más sonora- la mayoría de clase empresarial catalana se ha escondido y ha evitado manifestarse en un asunto que era de vital importancia para España y, también, para sus negocios. Dicen los que saben, que no podían hacer otra cosa. Y no podían hacerlo porque estaban pillados por dos sitios: por su implicación –vamos a decir personal- con los dirigentes nacionalistas; y con la otra implicación: la económica. Ahora que sabemos que nada se hacía en Cataluña sin dejarse una mordida, es fácil comprender el silencio de aquellos que se han dejado varias. Pero eso no justifica nada: mal lo uno y también lo otro.
Ayer, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz imputó a trece empresarios en el sumario que investiga la fortuna de Jordi Pujol Ferrusola. Hasta ahora solo había dos imputados: el propio hijo del ex presidente de la Generalitat y su ex mujer. Entre estos nuevos imputados figura el ex suegro de Pujol Ferrusola y varios empresarios que contrataron sus servicios para tareas varias que a partir del día 12 de noviembre conoceremos mejor. El juez los acusa, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, y falsedad en documento mercantil al participar en determinadas operaciones mercantiles con Pujol Ferrusola que están siendo investigadas. Y por si esto fuera poco, llama en calidad de testigos –que estos largan mucho más- a otras 27 personas.
Y aunque aún los negocios que hacían no los cocemos muy bien, sí sabemos sus nombres: Carlos Sumarroca Coixet —el gran conseguidor de de Pujol padre—; su hijo Carlos Sumarroca Claverol; Ramón Gironés Pages —este es el ex suegro de Jordi Pujol Ferrusola; Ramón Girones Riera —su ex cuñado—, Merce Riera Anglada —su ex suegra, siempre la famiglia; y algún elemento más como Xavier Corominas Riera —acusado de pedir dinero a empresarios; Luis Delso Heras —presidente de la multinacional Isolux Corsán—; Xavier Tauler Ferre —delegado de Copisa— y los empresarios Alejandro Guerrero Kandler, Gustavo Buesa Ibáñez, Josep Mayola Comadira. Todos ellos contrataron los servicios de Jordi Pujol Ferrusola, indudablemente por su reconocida valía personal y empresarial. Que la UDEF considere ficticios la mayoría de los servicios que prestaban no impidió a Pujol Ferrusola embolsarse doce millones de euros. Sorprende el contraste entre la valía personal y la ficción de sus informes, pero en España hoy ya no nos extrañamos de nada. ¡Y lo que veremos!