Domingo 05/07/2020.

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¿Cuándo se debe dimitir por corrupción? Rivera tiene tres varas distintas de medir

Ciudadanos ha abanderado desde sus orígenes el combate contra la corrupción como una de sus palancas de regeneración democrática. Tanto en el pacto que Albert Rivera alcanzó con Pedro Sánchez para intentar llevar al socialista a la Moncloa como en el que meses después alcanzó con el PP para facilitar la investidura de Mariano Rajoy, Ciudadanos forzó acuerdos para apartar a los políticos supuestamente corruptos de sus cargos.

La citación en calidad de investigado (lo que anteriormente se denominaba como imputado) que un juez de Murcia ha trasladado al presidente de la Región por los delitos de prevaricación continuada, fraude contra la Administración pública, falsedad en documento oficial y malversación de caudales públicos en el caso del auditorio de Puerto Lumbreras cuando Pedro Antonio Sánchez era alcalde de dicha localidad, ha revelado la triple vara de medir que la formación de Rivera mantiene ante los casos de corrupción.


1. El pacto con el PP: dimisión inmediata

Entre los 150 compromisos firmados por el PP y C’s para la investidura de Rajoy [lee el exto íntegro aquí] se establecía éste: “Separación inmediata de los cargos públicos que hayan sido imputados o formalmente encausados por delitos de corrupción”. La aplicación de este compromiso legitima la exigencia de dimisión que la formación naranja está realizando sobre el presidente de Murcia, al que además ata el compromiso verbal que el propio Sánchez adquirió ante la opinión pública de apartarse del cargo si alguna vez resultaba imputado (hoy investigado) por un juez, cosa que finalmente se ha producido.


2. Granada: alcalde imputado, y apoyado por C’s, al que no se pide la dimisión

Un juez imputó en octubre de 2016 al alcalde de Granada, el socialista Francisco Cuenca, por la contratación de particulares para inspeccionar cursos de formación, una función reservada por ley a los funcionarios. El alcalde está imputado por malversación, prevaricación y usurpación de funciones públicas. C’s no ha pedido la dimisión del alcalde al que meses atrás aupó tras forzar la dimisión del ‘popular’ Torres Hurtado, que se vio implicado en una presunta trama de corrupción urbanística. Dos años antes, Hurtado había sido absuelto de un supuesto delito de prevaricación tras una querella del PSOE.


3. La reforma legal que promueve C’s: dimisión con la apertura del juicio oral

Esta semana, el Congreso de los Diputados ha tomado en consideración la reforma legal [lee el texto íntegro aquí] que C’s propone para la “lucha contra la corrupción y protección de los denunciantes”. C's ya no exige la dimisión ipso facto de los cargos públicos investigados o imputados y opta por otro momento procesal posterior: la apertura de juicio oral. Y lo justifica así: “Desde el momento en que el juez ha abierto juicio oral contra el encausado, existe una resolución motivada que apunta fundadamente a la comisión de un delito. Llegados a ese punto, la exigencia de responsabilidad a nuestros representantes n puede limitarse a la tipificada en el Código Penal”. Entiende C’s que “la singularidad de la actividad pública requiere, además, una exigencia de responsabilidad política y ejemplaridad pública”.


Conclusiones

El punto 3 desacredita la postura de C's en el caso del presidente de Murcia. El punto 1 desacredita la postura de C's en el caso del alcalde de Granada y avala la que mantiene frente al presidente murciano. La reforma legal que C's promueve en el Congreso es menos exigente que la que pactó con el PP para la investidura de Rajoy, por lo que está incumpliendo (o al menos modificando a posteriori) su propio pacto.

Continuará...


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