Miércoles 12/09/2018.

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Las declaraciones se retoman este miércoles para enfilar el final de la instrucción, tras la primera dimisión

El segundo cargo de Adif investigado está citado el 12 de septiembre y los peritos de parte el 13 y el 14

El juez del caso Alvia, Andrés Lago Louro, retoma este miércoles, 12 de septiembre, las declaraciones en Santiago de Compostela tras la dimisión la pasada semana del hasta ahora director de Seguridad en la Circulación de Renfe, Antonio Lanchares, la primera desde que se produjo el accidente en julio de 2013.

Así, el miércoles será el turno del segundo cargo de Adif investigado en la causa por el accidente del tren Alvia en Angrois (junto a Andrés Cortabitarte), el gerente del área de seguridad en la circulación del noroeste, Fernando Rebón Sartal, que ha sido citado a las 9,00 horas.

Rebón fue imputado a comienzos del mes de febrero. El magistrado Andrés Lago lo citó "para esclarecer algunos de los defectos que, en lo que se refiere a la gestión de la seguridad y riesgos inherentes a la línea, justificaron en su día la imputación del señor Cortabitarte". Por ello, no ve "descartable" que "buena parte de los reproches que justificaron la imputación" de Cortabitarte "puedan ser extensivos" a Rebón.

Ese mismo día, pero a las 10,00 horas y en calidad de testigo, deberá comparecer uno de los técnicos de la unión temporal de empresas (UTE) de Thales y Dimetronic, la que suministró la tecnología de seguridad de la línea Ourense-Santiago, donde se produjo el siniestro que ocasionó 80 muertos y 144 heridos.

El 13 de septiembre, jueves, y ya en calidad de peritos, acudirán a los juzgados compostelanos Ángel Luis Sanz Cubero (a las 9,00 horas) y Pilar Calvo Holgado (a las 10,00 horas). Ambos expertos realizaron peritajes para el abogado del maquinista (imputado en la causa), el primero centrado en temas de señalización y la segunda en cuestiones de factores humanos.

JORNADA DEL VIERNES SOBRE ANÁLISIS DE RIESGOS

Al día siguiente, 14 de septiembre, viernes, a las 9,00 horas está citado el ingeniero Antonio Puyol y a las 10,00 horas Esther Mateo (directora técnica de Adif desde julio de 2016), cuyos documentos aportó el propio administrador de infraestructuras ferroviarias más recientemente para defender su actuación en la línea de Angrois en todo lo relativo al examen de los riesgos.

Es por esa evaluación de riesgos, por la posibilidad de que hubiese deficiencias en su realización, por la que están investigados dos cargos de Adif (Rebón y Andrés Cortabitarte) y el ya dimitido Antonio Lanchares (que era jefe de Seguridad de Circulación de Renfe), así como tres técnicos de la consultora Ineco, encargada del análisis independiente.

Todos ellos, a excepción de Rebón, han comparecido ya ante el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, al igual que numerosos técnicos y otros responsables de las empresas públicas.

RETRASO POR LA HUELGA

De este modo, el instructor del caso retoma las declaraciones que tuvieron que ser suspendidas por la huelga de empleados públicos de la justicia gallega.

Según fuentes consultadas por Europa Press, su intención es, de hecho, enfilar el final de la investigación en los próximos meses. Tras pedir Fiscalía una prórroga de 18 meses, el plazo en este momento está fijado hasta diciembre de 2018.

Debido a que estaba de vacaciones durante el mes de julio, el juez propuso informalmente a las partes retomar las comparecencias en agosto, pero este mes, habitualmente inhábil en justicia, fue descartado.

Respecto al fin de la instrucción, algunas de las partes personadas quieren que se realicen más diligencias, como varios abogados que representan a las víctimas del siniestro y también la defensa del maquinista Francisco Garzón, uno de los imputados por la tragedia.

AGENCIA EUROPEA

Por ejemplo, la plataforma de afectados insistirá en solicitar al magistrado que llame al jefe de la Agencia Ferroviaria Europea, Christopher Carr, para que ratifique su informe en sede judicial. Está previsto que este responsable comparezca en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados.

Este organismo europeo, encargado de velar por la seguridad en el ámbito ferroviario europeo, determinó en un documento recibido por el juez (un año después de pedirlo) que tanto la curva de A Grandeira como los cambios que implicaron la modificación del proyecto y la desconexión del 'ERTMS' embarcado hacían precisos sendos análisis de riesgos.

DIMISIÓN DE LANCHARES

La pasada semana el Ministerio de Fomento aceptó la dimisión como director de Seguridad en la Circulación de Renfe de Antonio Lanchares, después de que las víctimas de Angrois reclamasen al ministro, José Luis Ábalos, la dimisión de cargos imputados en el caso.

Lanchares ya había presentado en octubre de 2017 su dimisión tras conocer que el juez que investiga la causa lo cita como investigado, si bien Renfe frenó la decisión del director de Seguridad en la Circulación de la empresa pública.

En sede judicial Lanchares aseguró que su "sensación" era que los maquinistas consideraban que el salto de velocidad que se producía en la curva de A Grandeira, donde se produjo el accidente del tren Alvia y había que reducir de 200 a 80 kilómetros por hora, era "normal entre comillas".

El juez Andrés Lago lo llamó a declarar en calidad de investigado tras asegurar el otro alto cargo imputado (Andrés Cortabitarte, su homólogo en su día en Adif) que la responsabilidad de evaluar los riesgos era "compartida" entre el administrador de infraestructuras y la operadora ferroviaria.

Antonio Lanchares era director de seguridad en la circulación de Renfe en el momento de la inauguración de la línea Ourense-Santiago, y también ocupaba este mismo puesto en la operadora ferroviaria cuando se autorizó la desconexión del sistema de control de la velocidad 'ERTMS'.

Lanchares fue quien solicitó la desconexión y fue autorizada el mismo día por Cortabitarte, una medida que se preveía temporal pero que a la postre se mantuvo y estaba vigente en el momento del accidente, y para la que no consta que se realizase una evaluación de riesgos.

En los juzgados son siete las personas investigadas por posible responsabilidad penal: el maquinista (que circulaba con un exceso de velocidad al tener que atender una llamada del interventor), dos altos cargos de Adif, Lanchares y tres técnicos de la consultora pública Ineco (estos seis por un eventual análisis de riesgos deficiente).

El encuentro de la pasada semana de Ábalos con las asociaciones de víctimas se produjo dos meses después de que empezase a funcionar formalmente en el Congreso la comisión parlamentaria sobre el accidente, que se inició con una ronda de comparecientes en la Cámara Alta con el testimonio de algunas víctimas del siniestro. Los trabajos se retomarán tras el verano con más comparecientes, entre ellos los exministros de Fomento José Blanco (PSOE) y Ana Pastor (PP).

Todo ello, mientras las víctimas del Alvia exigen la dimisión de quien fue director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, reubicado en un puesto de libre designación en 2017 en una subdirección de nueva creación.

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