El expresidente sudafricano Jacob Zuma (2009-2018) compareció hoy brevemente ante la Justicia para tratar cuestiones de procedimiento en una causa en la que se le imputan 16 cargos de corrupción y otros delitos, y la continuación del caso quedó aplazada hasta junio, por acuerdo entre las partes.
El juez Themba Sishi presidió en el Tribunal Superior de Durban (sureste) la esperada sesión, que duró poco más de 15 minutos y se pudo seguir en directo por televisión.
Las partes acordaron posponer la continuación de los trámites -tales como el establecimiento de una fecha de inicio para el juicio- hasta el próximo 8 de junio.
La Fiscalía apuntó que está lista para arrancar el proceso y que desea que el inicio del juicio se fije para noviembre, algo con lo que no concordaba la defensa.
El equipo legal de Zuma, quien apareció con semblante tranquilo y fuertemente escoltado y rodeado por una comitiva de personas cercanas y miembros de iglesias, buscará ahora contestar las acusaciones para que el juicio no llegue a celebrarse.
Esta era la primera vez que Zuma se presentaba ante el juez después de que el pasado 16 de abril fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, anunciase que se acusaba oficialmente al exmandatario.
Pese a que su partido, el gobernante Congreso Nacional Africano (CNA), había dicho que no alentaba a sus seguidores a acudir a arropar al expresidente, más de 2.000 personas se concentraron en Durban para manifestarle su apoyo.
Los simpatizantes, que consideran los cargos una caza de brujas motivada por la agenda política y económica del expresidente, se habían concentrado en una vigilia desde la noche anterior y habían celebrado rezos para pedir lo mejor para Zuma.
A la salida de la sesión, Zuma se dirigió a sus seguidores desde un escenario y aseguró que la acusación es por «razones políticas», según medios locales.
«Un día desearán que (este caso) nunca hubiera continuado», afirmó.
En total, las acusaciones contra Zuma son 16: una por asociación ilícita, dos por corrupción, una por lavado de dinero y 12 por fraude.
Están basadas en cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.
Los cargos siguieron un camino judicial muy complejo durante más de una década, ya que fueron originalmente presentados por la Fiscalía en 2007, poco después de que Zuma derrotara al entonces presidente de la República, Thabo Mbeki, en el congreso para elegir al siguiente líder del CNA, gobernante en Sudáfrica desde la llegada de la democracia (1994).
En 2009, con Mbeki ya fuera de la Presidencia, la Fiscalía retiró los cargos al considerar que se habían presentado como venganza política contra Zuma.
En mayo de 2016, impulsada por la oposición -que recurrió la decisión al considerar que la Fiscalía actuó bajo presión política-, la Justicia ordenó restaurar de nuevo los cargos.
Los tribunales rechazaron todos los argumentos presentados después por Zuma.
De ese modo, la iniciativa sobre si impulsar un proceso judicial al expresidente quedó de nuevo en manos de la Fiscalía.
Tras múltiples retrasos, el pasado 16 de marzo, Abrahams anunció finalmente la decisión de la Fiscalía de acusarle formalmente.
Zuma había dimitido un mes antes, forzado por su propio partido debido precisamente a los múltiples escándalos de corrupción que le salpicaban y que habían acabado con la imagen de «presidente del pueblo» que le había llevado a la jefatura de Estado.