Jueves 28/05/2020.

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"El Derecho a Decidir. Una salida para Cataluña y España"

Política

"Como en los divorcios civilizados, el independentismo no es antiespañolista"

  • El libro, que fue escrito antes de la celebración del proceso participativo del 9-N, aborda las posibles salidas al desafío catalán.
  •  “El antagonismo Catalunya-Castilla es ahora tan o más profundo que en tiempos del conde-duque de Olivares", dice.
  • Celebración de la última Diada, en Barcelona

“Ciertamente, el derecho internacional no contempla la secesión como un derecho, y el derecho a la autodeterminación, presente en los textos básicos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), no es aplicable en casos como el de Cataluña. Más bien, este derecho ha quedado circunscrito a fenómenos de descolonización que se dan por finalizados y, por tanto, su aplicación ha quedado excluida en casos de secesión de territorios que se encuentren dentro de Estados ya constituidos (...) Sin embargo,  y por distintos motivos, la historia más reciente nos demuestra que la propia comunidad internacional se ha mostrado favorable al reconocimiento de nuevos Estados en el caso de las repúblicas bálticas (después de la descomposición de la antigua Unión Soviética), y asimismo tras la fragmentación de la federación yugoslava o como fruto del pacto interno de la extinta Checoslovaquia”

“La proporción de los partidarios dela opción independentista aumenta cuanto más avanzada es la edad, especialmente en la franja de mayores de cuarenta años, lo cual desmiente el tópico malicioso e infundado de que el independentismo anida entre los más jóvenes debido al «adoctrinamiento nacionalista» del modelo escolar catalán”. 

“Después del fracaso evidenciado durante el lustro que duró el proceso de reforma estatutaria (2005-2010), el catalanismo llegó a la conclusión de que había cometido un grave error durante la Transición, mezclando en un mismo cesto el «problema catalán» con el vasco. Prueba de ello es que con el proceso de descentralización, y especialmente con la generalización del modelo autonómico (el llamado «café para todos»), Cataluña salió malparada. Es obvio que la singularidad nacional catalana no quedó suficientemente reconocida en la Constitución, a diferencia de la realidad vasco-navarra que sí lo fue a través del reconocimiento de sus derechos históricos y del sistema de financiación de Cupo o Concierto Económico (disposición adicional primera de la Constitución)”. 

“La crisis ha amplificado las debilidades de la autonomía política y sobre todo financiera. Y ello porque Cataluña ha dejado de ser la locomotora hispánica. La percepción generalizada es que a esa locomotora le sustraen buena parte del carbón, en forma de déficit fiscal, y que, a consecuencia de la crisis económica, le exigen, además, que llegue puntual a la estación: que no genere déficit y no se endeude”. 

“La reforma del Estatuto constituyó para muchos el último intento de lograr el reconocimiento de la personalidad nacio nal de Cataluña, de blindar las competencias de la Generalitat y de obtener un sistema de financiación equitativo. Pero, paradójicamente, aunque el texto fue acordado e incluso laminado por las Cortes Generales a través de un proceso de «castración química» o de «cepillado», lo relevante es que una vez refrendado en las urnas fue desactivado por un Tri-bunal Constitucional groseramente politizado y con evidentes vicios de legitimidad. El TC, actuando displicentemente y con total falta de deferencia hacia el legislador estatutario, se erigió en un nuevo poder constituyente”. 

“En poco tiempo, el catalanismo ha transitado desde posiciones ancladas en actitudes quizá reactivas y emocionales, vinculadas a la lengua y la cultura, hacia posiciones fundadas en motivaciones socioeconómicas. El independentismo, pues, se ha «desideologizado» y se afianza como una aspiración meramente cotidiana y mayoritaria”. 

“El antagonismo Cataluña-Castilla es ahora tan o más profundo que en tiempos del conde-duque de Olivares o de Felipe V, y la demanda de un Estado propio es la expresión de un matrimonio desavenido hace años, en que uno de los consortes hace el primer paso y pide el divorcio”.

“Con todo, como en los divorcios civilizados, conviene aclarar que  el independentismo catalán no es, en ningún caso, una demostración de antiespañolismo. No en vano, tres de cada cuatro catalanes tienen al menos un abuelo de procedencia española. El independentismo catalán no mira tanto la cuna como el horizonte colectivo deseado por la mayoría”.

“Para el Tribunal Constitucional (según sentencia de marzo de 2014) cabe la posibilidad de «una interpretación constitucional» del «derecho a decidir», que lo entiende como «una aspiración política a la que se llegue mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional», que debe respetar los principios de «legitimidad democrática», «pluralismo» y «legalidad». Precisamente los principios que proclama la declaración de soberanía vinculados al derecho a decidir”. 

“Este reconocimiento del «derecho a decidir» acoge expresamente la doctrina de la Corte Suprema de Canadá sobre la secesión de Quebec, que apela a la posibilidad de que los miembros de una comunidad política puedan definir su propio marco jurídico-político sobre la base de mayorías claras y democráticas y libremente expresadas. Y ello, no cabe duda, supone un cambio copernicano de la jurisprudencia constitucional. Este cambio en la doctrina constitucional daría cobertura a una consulta popular no solo como instrumento de expresión política dentro del marco constitucional, sino como materialización de un derecho fundamental como es el de participación política”. 

“Una sociedad desconcertada como la actual, que percibe la crisis institucional generalizada y padece los efectos de la severa depresión económica, quiera aferrarse ingenuamente y de forma fácil a figuras de representación que parecen ofrecer una oportunidad rápida y sencilla de manifestar sus opciones, sin construir los imprescindibles consensos para la inmensa mayoría, que es lo que fundamenta el equilibrio de las sociedades democráticas. Otra cosa es que la participación demo-crática y las técnicas de democracia directa constituyen un vehículo imprescindible de expresión de la voluntad de la mayoría, que hay que mejorar”. 

“La única institución europea que se ha pronunciado hasta ahora sobre esta cuestión ha sido la Comisión Europea, y lo ha hecho en unos casos para precisar que solo se posicionaría sobre las consecuencias jurídicas de la creación de un nuevo Estado cuando algún Estado miembro lo pidiera formalmente. De ahí puede inferirse que la respuesta de las instituciones de la UE no tiene por qué ser única, y que depende de las circunstancias concretas del caso”. 

“La ley de consultas fue el pistoletazo de salida a un conflicto institucional de primer orden que, junto a las amenazas de “suspensión de la autonomía”, algo que en realidad no prevé el invocado artículo 155 de la Constitución convirtió lo que de por sí era un serio problema jurídico-político en un problema más bien de orden público. De todo ello, como no hay mal que por bien no venga, podría derivarse que la UE y parte de la comunidad internacional salieran de su letargo y dejaran de inhibirse”. 

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