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UPyD quiere que el Congreso exija seguridad para los ediles vascos

La diputada de Unión Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, quiere que el Congreso de los Diputados reclame formalmente al Gobierno medidas de seguridad de los concejales en los ayuntamientos vascos y navarros donde Bildu está vetando el acceso a sus escoltas y, además, que suspenda el convenio entre la Agencia Tributaria y la Diputación de Guipúzcoa que dará acceso al Gobierno foral de Bildu a los datos fiscales de todos los españoles.
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Así consta en sendas propuestas de resolución presentadas por Díez al término del Debate del estado de la Nación, a las que ha tenido acceso Europa Press y que se someterán a votación este jueves en el Pleno del Congreso, en la tercera jornada del Debate sobre el estado de la Nación.

En la relativa a la seguridad de los concejales, UPyD recuerda que "algunos alcaldes de la coalición Bildu han anunciado la decisión de impedir el acceso a las sedes de sus ayuntamientos a los escoltas de los concejales de PSE y PP, además de disposiciones complementarias como la retirada de arcos detectores de metales y de otros dispositivos y protocolos destinados a luchar contra la comisión de atentados terroristas".

A su juicio, "es importante comprender que la protección a los concejales amenazados por ETA no sólo pretende preservar su vida e integridad, sino también mantener un mínimo de calidad democrática en las instituciones garantizando, al menos, la existencia de la oposición democrática frente a los designios totalitarios y prácticas excluyentes de quienes se aprovechan de la violencia política y del terrorismo, activo o potencial (en tregua), para imponer su proyecto político frente a otros que no es posible defender ni promover libremente sin un altísimo riesgo de padecer violencia política y persecución bajo cualquiera de sus formas".

ETA SIGUE ACTIVA Y ES UNA AMENAZA

"ETA sigue activa y sigue constituyendo una amenaza gravísima para la democracia y, en particular, para la vida y libertad de quienes no se someten a sus designios --avisa--. Por tanto, la retirada de protección a los concejales de partidos vascos no nacionalistas enemigos del terrorismo no hace otra cosa que debilitar el funcionamiento de la democracia al facilitar a los terroristas la ejecución de cualquier plan de acoso e intimidación o de atentados más graves, mientras se convierte en heroísmo algo tan básico, en donde no existe esa lacra, como representar en un ayuntamiento a los vecinos de un pueblo".

En ese contexto, considera que es "responsabilidad inexcusable" del Estado garantizar la seguridad y la libertad de acción de todos los cargos públicos en el País Vasco y en Navarra, y en particular de aquellos señalados por ETA y sus colaboradores como "enemigos del pueblo vasco" y, por tanto, quiere que la Cámara inste al Gobierno a adoptar todas las medidas necesarias para impedir que "Bildu o cualquier otro partido" lleven a cabo un "debilitamiento de la seguridad y libertad de acción de los concejales" y ciudadanos que puedan estar amenazados por ETA o por "cualquier grupo que colabore con la banda terrorista".

También quiere el restablecimiento "inmediato y sin dilación" de las medidas de seguridad de los ediles amenazados, incluyendo la libertad de movimientos de sus escoltas, "en todos los edificios municipales, sin excepción ni restricción alguna".

El texto precisa que, para garantizar esa seguridad, debe procederse "si es necesario a iniciar de inmediato un proceso de ilegalización de Bildu según lo previsto en la Ley de Partidos".

En otra de sus propuestas, insiste en la necesidad de suspender con carácter inmediato el convenio que firmó la Agencia Tributaria con la Diputación Foral de Guipúzcoa, que a su juicio es "una irresponsabilidad" y "un escándalo" porque permitirá el acceso a los datos fiscales detallados de cualquier ciudadano español.

DATOS SENSIBLES

Para UPyD, el convenio incluye un intercambio de información sobre personas jurídicas como es el caso del lugar de contratación general, lugar de gestión de la contabilidad, domicilio de administradores o gerentes, y también sobre personas físicas, accediendo a datos como el domicilio declarado, domicilio del padrón, inmuebles en propiedad declarados en el Registro de la Propiedad y Catastro, consumos de agua, electricidad, gas y teléfono, domiciliaciones bancarias, declaraciones testificadas de vecinos, porteros, administradores de fincas, municipio en el que se desarrolla la actividad laboral o profesional, residencia habitual del cónyuge e hijos menores.

"Son notorios los vínculos entre Bildu y el entorno de la banda terrorista ETA, que sigue plenamente activa (como demuestra la reciente detención de terroristas transportando explosivos) --asegura--. Este convenio extiende gratuitamente a todos los españoles los problemas que ya van a sufrir los ciudadanos guipuzcoanos. Gracias a él, la banda terrorista podría obtener legal e inevitablemente datos fiscales y personales detallados de cualquier empresario que desee extorsionar, de cualquier familia a la que desee amenazar o de cualquier ciudadano que desee asesinar".

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