Lunes 26/08/2019.

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El Tribunal de Cuentas recupera para el erario público casi 65 millones con sus condenas de 2018 por mala gestión

Mas de las mitad de las diligencias previas surgieron de informes del propio tribunal y casi el 50% afectaron al sector público local

El Tribunal de Cuentas va a recuperar para el erario público casi 65 millones de euros gracias a las condenas por responsabilidad contable que dictó en 2018 su Sección de Enjuiciamiento.

Además de su Sección de Fiscalización, el órgano que preside María José de la Fuente cuenta con una Sección de Enjuiciamiento contable y puede exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos si su gestión ha provocado daños sobre el patrimonio público.

Esta función, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por la institución sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciben subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público.

12 MILLONES EN ACTAS DE LIQUIDACIÓN

En concreto, el año pasado la Sección de Enjuiciamiento dictó condenas por responsabilidad contable por importe de 64,67 millones de euros que, previa la ejecución, se reintegrarán en el erario publico. De la citada cantidad, 60,84 millones corresponden a sentencias en primera instancia, 3,78 millones en segunda y 44.799 euros a autos de sobreseimiento por reintegro.

Además, el tribunal ha levantado actas de liquidación por un total de 12,48 millones de euros, de los que 9,57 millones corresponden al principal y 2,90 millones a intereses legales, según el balance de 2018 recogido por Europa Press.

Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2018 la Sección de Enjuiciamiento tramitó un total de 287 diligencias preliminares, de las que más de la mitad (133) surgieron de informes de fiscalización aprobados por el propio tribunal.

171 PROCEDIMIENTOS

El resto tienen su origen en informes de los órganos de control externo de comunidades autónomas (58), de informes de otras Instituciones Públicas (57), de comunicaciones de acciones públicas (25) y sólo 14 de denuncias de particulares.

En cuanto a las 150 actuaciones previas tramitadas durante 2018 --de las que cuatro fueron devueltas--, casi la mitad (71) afectaron al sector público local, 48 al autonómico y 27 al estatal. Como consecuencia de las mismas se iniciaron 171 procedimientos de responsabilidad contable.

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