Viernes 27/04/2018.

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Tribunal de Cuentas recupera 9,3 millones en 2017 por condenas a gestores públicos y tiene en fianza otros 8,2 millones

El Tribunal de Cuentas ha permitido recuperar para el erario público más de 9,3 millones de euros en 2017 gracias a condenas a gestores públicos y tiene reclamados otros 8,2 millones, actualmente ya en fianza, pendiente de sentencia.

Así se recoge en el balance de actuaciones de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, que es la que tiene un funcionamiento similar al de los órganos judiciales y que investiga y depura responsabilidades contables de cargos públicos.

En concreto, la actividad de esta Sección de Enjuiciamiento ha dado lugar al levantamiento de Actas de Liquidación por un total de 8,2 millones de euros, de los que 7,4 corresponden al capital principal y 800.000 euros a intereses legales. Estas cantidades, como ocurrió con Artur Mas y el resto de procesados por la consulta soberanista del 27 de septiembre de 2016, son fianzas que están ya inmovilizadas a la espera de que se proceda al juicio contable y la correspondiente sentencia.

En cuanto a las condenas, en 2017 la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas emitió sentencias por responsabilidad contable por más de 9,3 millones de euros, un dinero que se reintegrará en el Erario Público. De esa cantidad, 5,5 millones corresponden a sentencias en primera instancia, 3,5 millones en segunda instancia, y 342.000 euros en los procedimientos de única instancia.

DISMINUYEN LOS CASOS PENDIENTES

La labor de la jurisdicción contable se ha intensificado el pasado año y de hecho la cifra final de las Actas de Liquidación positivas supera en un 24,24% a las registradas el ejercicio anterior. Además, el número de asuntos pendientes disminuyó en un 21,61% con relación a 2016, según el balance recogido por Europa Press.

La función de Enjuiciamiento contable, de naturaleza jurisdiccional, habilita al Tribunal de Cuentas para exigir responsabilidad económica a aquellas personas que se ocupan de gestionar o administrar bienes o fondos públicos, cuando de su labor se hayan podido derivar daños sobre este patrimonio público.

Esta labor, que es competencia exclusiva del Tribunal de Cuentas, también es ejercida por la Institución sobre aquellas personas o entidades, públicas o privadas, que reciban subvenciones, créditos, avales u otras ayudas procedentes del sector público. Por otra parte, esta actividad de enjuiciamiento contable es compatible con la que, sobre estos mismos hechos, pueda llevar a cabo la jurisdicción penal.

MÁS DE 200 DILIGENCIAS PRELIMINARES

Tras la detección de indicios de presuntas responsabilidades contables, durante 2017 la Sección de Enjuiciamiento de la Institución tramitó un total de 201 diligencias preliminares. De estas, 47 procedían de Informes de Fiscalización tramitados por el Tribunal de Cuentas, 87 de Informes de los Órganos de Control Externo de las Comunidades Autónomas y las 67 restantes fueron promovidas por otras Instituciones públicas o denuncias de origen diverso

En cuanto a las 147 actuaciones previas tramitadas durante 2017, desglosadas por sectores y ámbito territorial, cabe señalar que 18 de los procedimientos han correspondido al sector público estatal, incluyendo la Seguridad Social, 48 al sector público autonómico y 81 al sector público local.

Como consecuencia de las actuaciones previas que fueron resueltas durante el pasado ejercicio, la Sección de Enjuiciamiento ha llegado a iniciar 218 procedimientos de responsabilidad contable.

Por su parte, la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas tramitó un total de 58 recursos -incluyendo los de apelación y otros varios-, y resolvió 55, de los que 36 fueron sentencias y 19 autos. Entre las sentencias más relevantes de las dictadas durante el pasado año, se encuentran, entre otras, las relativas a subvenciones indebidas y actuaciones irregulares en la gestión de los fondos públicos,

En materia de subvenciones, destaca la sentencia ratificada en noviembre de 2017 en la que se desestimó el recurso presentado contra la resolución del Ministerio de Hacienda y que puso fin al expediente administrativo de responsabilidad contable incoado en el que se exigían más de 341.000 euros por haber dejado transcurrir el plazo de prescripción, a efectos del reintegro de subvenciones indebidas a una productora cinematográfica.

Otra sentencia ratificada el 6 de junio de 2017 condenó a un alcalde, un interventor y un tesorero de un pueblo de Asturias al pago de 132.095 euros por incumplimiento de sus deberes como custodios de fondos públicos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Por otro lado, en 2017 el Tribunal de Cuentas organizó y participó en diversos foros para dar a conocer sus competencias y funciones. Entre ellos, cabe destacar el celebrado el pasado mes de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el bajo el título "El Tribunal de Cuentas y la lucha contra la corrupción: actualidad, funcionamiento y reforma".

Ese encuentro, en el que participaron miembros de las Cortes Generales, del CGPJ, de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno, tuvo como objetivo acercar el día a día de la Institución a la sociedad civil, al tiempo que convertirse en un foro para el conjunto de profesionales con los que se relaciona en su trabajo diario.

La institución que preside Ramón Álvarez de Miranda participó en el ciclo de seminarios organizados por el Tribunal de Cuentas de Portugal (TCP) con el objetivo de recabar la opinión y experiencia de aquellas Entidades Fiscalizadoras Superiores consideradas, por el Tribunal luso, como ejemplos a seguir.

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