En un comunicado hecho público este martes, la institución que preside Ramón Álvarez de Miranda recuerda que sus consejeros son designados por las Cortes Generales (seis en el Congreso y seis en el Senado) por una mayoría de tres quintos en cada cámara (en el Congreso son 210 votos, lo que exige el apoyo de más de un partido), y que deben tener «unos requisitos de capacitación y experiencia» y han de contar con «el reconocimiento de un estatus jurídico que garantizan su independencia en el ejercicio de sus funciones».
«El Tribunal de Cuentas y sus miembros, como se ha puesto de manifiesto reiteradamente, ejercen sus funciones, fiscalizadora y jurisdiccional, con absoluta independencia y pleno sometimiento al ordenamiento jurídico», remarca la institución.
Y en concreto recalca que la función de enjuiciamiento contable, similar al de la justicia ordinaria, «tiene una naturaleza jurisdiccional que garantiza la independencia de los órganos a los que corresponde exigir la responsabilidad contable en que incurran quienes tengan a su cargo el manejo de fondos públicos y hayan dado lugar a su menoscabo», y eso implica, cumplir «los requisitos previstos en el ordenamiento jurídico».