Sábado 30/06/2018.

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El Tribunal de Cuentas advierte del descontrol en la gestión y compraventa de edificios y terrenos de las diputaciones

  • En el 70 por ciento de los contratos examinados no se negoció el precio, dando por bueno el informe de tasación
  •  La mayoría de las diputaciones y cabildos no cuentan con un registro actualizado

El Tribunal de Cuentas ha aprobado dos informes en los que advierte de que existe un descontrol en las diputaciones provinciales sobre su patrimonio inmobiliario, los edificios y terrenos que compran, venden, alquilan o mantienen vacíos sin que en muchas ocasiones tenga reflejo contable ni esté suficientemente justificado.

"Sería preciso un mayor rigor en el seguimiento y control del patrimonio, tanto de los propios bienes como de su situación jurídica y efectiva así como de los gastos e ingresos generados", sugiere el informe del órgano fiscalizador como una de sus principales recomendaciones.

La falta de control de los inmuebles se hace palpable en el hecho de que una gran mayoría de las diputaciones y cabildos, 79 por ciento, no tenía coordinado el inventario y la contabilidad, mientras que el 65 por ciento no disponía de registros auxiliares integrantes de los saldos de balance de las cuentas. Según el órgano fiscalizador los saldos contables no representan la imagen fiel de algunas de las entidades estudiadas lo que "dificulta o imposibilita" la correcta gestión patrimonial.

En 2014 se produjo el alta de 147 bienes inmuebles en las entidades fiscalizadas, reduciéndose a más de la mitad, 66, los bienes registrados de alta el siguiente año. De estos datos, el Tribunal de Cuentas alerta que las operaciones que no tuvieron repercusión en los presupuestos de la institución no fueron contabilizadas, así, en 2014 no se contabilizaron el 19 por ciento de las operaciones sin incidencia presupuestaría y en 2015 fue el 77 por ciento de estas operaciones las que quedaron sin estar reflejadas.

Un fenómeno similar al de las altas se detecta en el caso de las bajas inmobiliarias, que en 2014 afectaron a 38 inmuebles y en 2015 a 60. Tal y como señala el informe las bajas con repercusión presupuestaria se contabilizaron pero no se hizo lo mismo con las que no afectaron a las cuentas, solo se registraron contablemente el 41 por ciento y el 22 por ciento de estas operaciones en sendos años.

Con respecto a los inmuebles cedidos, la mayoría de las diputaciones y cabildos no cuentan con un registro actualizado. Tan solo el 37 por ciento tenía anotación contable de todas sus bienes cedidos, mientras que el 16 por ciento carecía de registro alguno y un 47 por ciento poseía parcialmente información contable sobre las cesiones.


 El precio no se negoció en el 70% de compras 

El órgano fiscalizador ha analizado diez contratos de adquisiciones de edificios y terrenos como muestra para observar si se da cumplimiento a la normativa reguladora. De su análisis se extrae una lectura negativa, ya que en el 70 por ciento de los contratos examinados no se negoció el precio dando por bueno el dado por el informe de tasación, en el 80 por ciento de los casos tampoco se pidió un informe que acreditara la necesidad de la compra del inmueble por parte de la entidad pública.

Asimismo, cabe destacar que el 57 por ciento de los inmuebles del parque público de diputaciones y cabildos están destinados al cumplimiento del funcionamiento y trabajo de la institución. Un 24 por ciento son utilizadas por otra entidad pública, sin recibir prestación por ello, mientras que un 7 por ciento sí que supone una contraprestación a las diputaciones. Un 10 por ciento de los inmuebles se encontraban sin uso durante el periodo fiscalizado.

En el plano de la gestión patrimonial, el Tribunal de Cuentas apunta que de las 48 entidades analizadas 28 adolecen de manuales de gestión patrimonial, "lo que refleja un mayor riesgo de control y registro de los elementos de su patrimonio", advierte.

Caso de Cádiz

El Tribunal de Cuentas critica la tardanza con la que las diputaciones y cabildos presentaron sus informes sobre patrimonio inmobiliario en los cursos 2014 y 2015. Así, el 23 por ciento de las entidades rindieron cuentas con retraso de hasta cinco meses en el primer curso estudiado, mientras que en el siguiente año las instituciones que dilataron la presentación de sus cuentas aumentaron hasta el 42 por ciento, apunta el informe de fiscalización del patrimonio inmobiliario de las diputaciones provinciales, cabildos y consejos insulares en 2014 y 2015.

En particular, el Tribunal de Cuentas hace hincapié en la negligencia de la diputación de Cádiz que rindió su cuenta general de 2014 en julio de 2017 y la de 2015 en septiembre de 2017, acumulando un retraso de casi dos y casi un año, respectivamente.

Recomendaciones

Por todo ello, el órgano fiscalizador considera que de cara al futuro se debería mejorar la contabilidad de las operaciones de inmuebles para corregir el procedimiento actual y que se refleje la pérdida o beneficio obtenido con estos movimientos. Apunta a que se haga mayor esfuerzo en la justificación de la necesidad e idoneidad de los contratos, lo que mejoraría la planificación y el control del patrimonio inmobiliario, sugiriendo el diseño de planes a corto, medio y largo plazo.

Igualmente, carga contra el retraso en la rendición de cuentas y recomienda que se establezcan mecanismos y procedimientos internos para asegurar que las diputaciones formalicen en plazo su actualización patrimonial.

El Tribunal de Cuentas pide una adecuada dotación de medios personales y técnicos para llevar a cabo la gestión patrimonial, alertando de la escasez "considerable" de personal y la falta de manuales de gestión ni medios informáticos para acometer esta tarea.

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