Jueves 26/09/2019.

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En 2013 presentará las cuentas de los partidos hasta 2011

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El Tribunal de Cuentas solo puede castigar con una multa de 900 euros

  • Puede sancionar cuando las administraciones no rinden cuentas. Las multas oscilan entre los 60 y los 900 euros. Sí propone sanciones a partidos con donanciones irregulares. 
  • Se estudia en la Ley de Transparencia que el órgano fiscalizador pueda cruzar datos con Hacienda y la Seguridad Social. 
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  • El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda
  • El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda

El Tribunal de Cuentas solo puede castigar con una multa máxima de 900 euros, en caso de que una administración incumpla con su obligación de rendir cuentas. En este supuesto, el órgano fiscalizador puede imponer una sanción que oscila entre los 60 a los 900 euros. “Multas coercitivas claramente insuficientes”, en palabras del presidente del tribunal, Ramón Álvarez de Miranda.

Esta limitadísima capacidad para sancionar es una de las causas que explica la ineficacia del órgano fiscalizador para detectar y perseguir irregularidades. Pero no la única. Al retraso de sus informes –el último sobre partidos políticos corresponde al ejercicio de 2007 y las infracciones prescriben a los cuatro años-se suman su dependencia política (sus consejeros son elegidos por el Congreso a propuesta de los partidos) y las trabas operativas.  

Desde hace un año el Tribunal puede acceder a los datos del Banco de España. Pero no puede cruzar las cifras que les reportan las administraciones y partidos con los informes de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social.  El órgano fiscalizador considera que de esta manera se podría estrechar el control de las finanzas de los partidos y comprobar si las cuentas que presentan se corresponden con lo declarado. Aunque en ningún caso, cruzar los datos con Hacienda permitiría dar con una contabilidad opaca, como las supuestas cuentas B que manejaba en sus documentos el extesorero del PP Luis Bárcenas.

En la Ley de Transparencia se estudia que el Tribunal de Cuentas pueda acceder a los datos de Hacienda y la Seguridad Social. “Es un intento que va a por buen camino. Que se vaya a incluir en la norma es posible”, indican fuentes del órgano fiscalizador.

Con este contexto, se explica por qué el Tribunal de Cuentas o las cámaras autonómicas pasen por alto ante irregularidades que han desembocado en casos de corrupción, desde el caso de los ERE de Andalucía a Gürtel.  El presidente de la Cámara de Cuentas de AndalucíaAntonio López, ha reconocido que podrían "haberlo hecho mejor" respecto a la fiscalización de los fondos destinados por la Junta para los ERE.

El Tribunal de Cuentas admite que de sus informes se han abierto “relativamente pocas” investigaciones judiciales. Pero advierten: “No somos un órgano policial, ni el ámbito judicial. Miramos la contabilidad, la oficial, y remitimos los informes de fiscalización al Parlamento”.

En el último informe de fiscalización del sector público autonómico, de los años 2006 y 2007, detectó irregularidades en la contratación pública y señaló tramitaciones indebidas y falta de sanciones a los contratistas por incumplir la normativa. Según el documentó, por entonces el endeudamiento financiero de las empresas públicas autonómicas se elevaba a 23.051 millones de euros.

Sí "propone" sanciones a los partidos

La reforma de la Ley de Financiación de Partidos aprobada el año pasado señala que "cuando un partido político obtenga donaciones que contravengan las limitaciones y requisitos establecidos en esta Ley, "el Tribunal de Cuentas podrá proponer la imposición de una multa de cuantía equivalente al doble de la aportación ilegalmente percibida, que será deducida del siguiente libramiento de la subvención anual para sus gastos de funcionamiento".

Los informes del Tribunal de Cuentas van a las Cortes, con un documento con la valoración de la Fiscalía, que analiza si del contenido puede derivarse alguna instrucción judicial o responsabilidad penal.

Esta institución tiene un presupuesto anual de unos 61 millones de euros y el año pasado duplicó el número de funcionarios para fiscalizar las cuentas de los partidos, hasta alcanzar los 26 profesionales. El Tribunal espera contar con los informes desde 2008 a 2011 antes de que acabe el año. 

Del capítulo sancionador, las Cortes Generales han pedido al Gobierno que se sancionen a las entidades financieras y empresas que contratan con los partidos y luego no aportan la debida información al Tribunal de Cuentas. 


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