Estaba Susana Díaz vagando por el laberinto que se ha construido y cerca de encontrar una salida, o eso decían sus propios, cuando de pronto una información periodística le ha cerrado la puerta y la ha devuelto al fondo de su encrucijada política. El Mundo publicó ayer en su primera página una noticia que ha hecho tambalear a quien ya se veía investida como presidenta de la Junta de Andalucía: esa misma Junta, presidida por la misma Susana Díaz y no por otros, adjudicó hace solo dos meses la explotación de la mina de Aznalcóllar saltándose la ley y “sin observar el más mínimo rigor”. Estas palabras no son un giro retórico del periódico sino una afirmación de la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, la magistrada Patricia Fernández. Nada menos.
La juez dice mucho más, por ejemplo que la empresa adjudicataria, el consorcio formado por Minorbis (filial de Magtel) y Grupo México, no cumplía ni uno solo de los requisitos establecidos en el procedimiento y alecciona a la policía de la Udef (Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal) que interrogue a los políticos y los técnicos que intervinieron en el concurso de adjudicación. La lectura del auto (del cual se puede encontrar más información aquí) habrá producido en Susana Díaz una conmoción traumatizante, porque alguien que como ella no ve errores propios sino que los adjudica por sistema a los demás ha ordenado con urgencia paralizar la adjudicación. Gente de la Junta ha salido de inmediato a decir que la juez no se ha enterado de lo bien que lo han hecho, o sea, la culpa siempre es de otros, pero si la magistrada es una ignorante no se explica cómo se han puesto deprisa y corriendo a corregir lo hecho.
El auto de la juez Patricia Fernández es un aviso a los partidos que podrían facilitar la investidura de Susana Díaz, no suficientemente escarmentados aún de que ella misma les culpe de la situación de ingobernabilidad que ha generado ella misma con su precipitado adelanto electoral. Es de suponer que huyan ahora de Susana Díaz y que le exijan responsabilidades y hechos, no solo el torrente de palabras que acostumbra. El Partido Popular suspendió ayer miércoles la reunión que tenían concertada para seguir estudiando llegar a un pacto, más bien para seguir el PP machacándose ante quien les insulta y dice que no quiere saber nada de ellos, los mismos a los que excluye de todo acuerdo Pedro Sánchez, jefe teórico aunque orgánico de Díaz. Los de Podemos tuvieron la suerte de que el PSOE rompiera la víspera las negociaciones con ellos. Y queda Ciudadanos, que es de suponer que pondrá Aznalcóllar encima de la mesa y no lo retirará.
O esta adjudicación administrativa, realizada “sin observar el más mínimo rigor”, se subsana, a saber cómo, o el destino de Andalucía es repetir las elecciones autonómicas por la incapacidad de Susana Díaz de obtener la investidura. Queda colgado de la duda el posible temor de los nuevos partidos, Ciudadanos y Podemos, a someterse a una segunda votación con la perspectiva de una reducción de su apoyo electoral a medida que se les va conociendo más. Pero peor sería para ellos aparecer ante la opinión pública como mantenedores de un futuro Gobierno autonómico que realizó anteayer una adjudicación que ha puesto tan rápidamente en guardia a la Justicia. Mientras el caso Aznalcóllar sea lo que parece, o sea, lo que le ha parecido a la juez, manchará de polución política a quien se apreste a apuntalar a sus autores.
No obstante, es de esperar que Susana Díaz lo intente todo antes de rendirse porque la alternativa de una repetición de elecciones es también negativa para ella. Con la paralización de la decisión administrativa, tratará de volver al principio y de obtener el apoyo de alguno de los tres posibles. Tendremos ocasión de comprobar hasta dónde fuerza su dialéctica. Hasta el momento, la lucha de Díaz contra la corrupción ha consistido en palabras. Se lo recuerdan sus interlocutores. Ahora se le presenta la necesidad de actuar, aunque sea una operación muy peculiar pues consiste en corregir el fiasco que su Gobierno cometió. Y además debe hacerlo con urgencia para convencer a quienes pueden sacarla del laberinto que tan concienzudamente se ha trabajado, entre ellos la magistrada Patricia Fernández y los policías que colaboran en el caso.
Y a todo esto, ¿qué dice Pedro Sánchez? El secretario general de los socialistas viaja a Andalucía a hacer campaña municipal, pero no tiene programado encontrarse con Susana Díaz, que además ha previsto desplazarse también en viaje electoral hasta el otro extremo de España, a Asturias. Lo que se interpretaba como un desplante de Díaz puede resultar ahora un alivio para Sánchez…