El Tribunal Supremo de Pakistán dictaminó hoy que la inhabilitación que dictó hace nueve meses contra el ex primer ministro Nawaz Sharif es «permanente», en una decisión que el Gobierno calificó como «conspiración» y «chiste».
Cinco magistrados de un tribunal de la máxima instancia judicial del país decidieron hoy unánimemente que las inhabilitaciones basadas en el artículo 62 de la Constitución que establece que los políticos deben ser «honestos» y «rectos» y por el que dictaron la inhabilitaron de Sharif en julio, son perpetuas.
«Sostenemos que la incapacidad por no cumplir con las cualificaciones del artículo 62 de la Constitución impone una prohibición permanente», sentenció el tribunal encabezado por el presidente del Supremo, Saqib Nisar.
Al recordar que el contenido del artículo 62 procede de la Sunna (preceptos de Mahoma), los magistrados señalaron que el hecho de que el artículo no establezca un límite temporal para la sanción «es la base para sostener que la incapacidad» es permanente.
La ministra de Información, Marryum Aurangzeb, criticó duramente la decisión del tribunal calificándola de «chiste» y «conspiración» en declaraciones a periodistas poco después de conocerse la decisión.
«Esta decisión es el resultado de una conspiración. Este veredicto estaba decidido incluso antes de que comenzase el juicio», afirmó la ministra a periodistas frente al Supremo.
En términos muy duros, añadió que este es «el mismo tipo de decisión que llevó a que colgaran al primer ministro Zulfikar Ali Bhutto (en 1979), al asesinato de (la primer ministra) Benazir Bhutto (2007) y a la inhabilitación de un primer ministro electo», en referencia a Sharif.
Sharif, de la gobernante Liga Musulmana de Pakistán (PML-N), fue inhabilitado como primer ministro en julio de 2017 en una controvertida sentencia en que los magistrados del Supremo comenzaron citando el libro de Mario Puzzo «El Padrino».
El Supremo alcanzó aquella decisión, que no tiene carácter penal (hay una investigación por corrupción con tres causas abiertas que sigue su curso), tras meses de investigación sobre supuestas irregularidades de Sharif después de que el nombre de sus hijos aparecieran en los Papeles de Panamá.
Tras la investigación, los magistrados encontraron que la no declaración por parte de Sharif, un acaudalado empresario, de un salario que ya no cobraba de una empresa de un hijo en Emiratos Árabes era razón para inhabilitarle.
La decisión del Supremo se produce a meses para las elecciones, que aún no han sido fijadas pero tendrían que producirse en torno a julio, y después de sucesivas decisiones de la máxima sala para ir sacando a Sharif de sus cargos como político.
A finales de febrero, el Supremo le prohibió presidir su partido por la inhabilitación, a pesar de que dos meses antes el Parlamento, donde su formación cuenta con mayoría, eliminase una limitación legal para que pudiera hacerlo.
El PML-N eligió entonces como su presidente a Shahbaz Sharif, hermano de Nawaz y jefe de Gobierno de la provincia del Punyab.
Sharif ha sido elegido tres veces primer ministro y en ninguna de las tres ocasiones ha podido completar su mandato.
En 1993 se vio obligado a dimitir por la disolución del Gobierno, y en 1999, sufrió el golpe de Estado del entonces general Pervez Musharraf, que le llevó a la cárcel durante 14 meses, y después se exilió a Saudi Arabia, de donde regresó en 2007.
Tras la sentencia de hoy el presidente del opositor Partido Popular de Pakistán, Bilawal Bhutto, afirmó en Twitter que cree que el pueblo paquistaní debe elegir el destino de sus políticos, pero subrayó que Sharif ha provocado la judicialización de la política.
«Nawaz y Tareen deben hacer ahora frente a las consecuencias de sus acciones», tuiteó Bhutto.
Además, el ex primer ministro, tres de sus hijos y un yerno afrontan tres investigaciones relacionadas con la propiedad de pisos en una exclusiva zona de Londres, la creación de las compañías Azizia Steel y Hill Metal, y una más por la empresa de inversiones Flagship y otras 15 compañías.
La familia Sharif, que ya se enfrentó a acusaciones de corrupción en el pasado, ha reconocido la posesión de esas empresas y las propiedades, pero ha rechazado cualquier tipo de ilegalidad.