En un comunicado, el sindicato de mandos de la Policía Nacional, que está personado como acusación popular en la causa abierta en el Juzgado número 7 de Barcelona, asegura que sus servicios jurídicos han solicitado el reconocimiento-médico forense y el ofrecimiento de acciones a los funcionarios heridos.
Recuerda que estos policías actuaron en cumplimiento de lo dictado por los tribunales de Justicia para impedir el referéndum del 1-O, «procediendo al cierre de los colegios y a requisar todo el material relacionado con el referéndum».
«Con ocasión de las actuaciones policiales resultaron heridos al menos 22 funcionarios de policía, en el ejercicio de sus funcionarios y cumpliendo el mandato judicial, lo que da idea de la gravedad de la resistencia de los congregados a dejarles cumplir lo ordenado», argumenta el SPP.
Se queja esta sindicato de que el juez ha rechazado que se practiquen reconocimientos médico-forenses a los policías heridos. Por eso ha presentado un recurso de reforma, además de estudiar la solicitud de imputación de «determinadas personas que agredieron y se resistieron de forma grave y violenta a la actuación policial, intentado impedir que cumplieran con el mandato judicial conferido».