Viernes 09/12/2016.

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Simancas defiende un "leve" cambio constitucional y aumento de penas para los delitos cometidos en procesos urbanísticos

El exsecretario general del PSM y actual portavoz socialista de Fomento, Rafael Simancas, considera que los delitos de corrupción asociados al urbanismo podrían prevenirse con un aumento disuasorio de las penas en el Código Penal, cierta legislación básica estatal y autonómica y una "leve modificación constitucional" sobre las competencias, según señala en un artículo publicado en la web de la Fundación Sistema recogido por Europa Press.
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Simancas defiende un "leve" cambio constitucional y aumento de penas para los delitos cometidos en procesos urbanísticos Simancas defiende un "leve" cambio constitucional y aumento de penas para los delitos cometidos en procesos urbanísticos

En su texto, Simancas reconoce que el artículo 148 de la Constitución y los Estatutos de autonomía fijan la competencia exclusiva de las administraciones regionales y locales sobre las políticas urbanísticas, pero añade que bastaría una modificación "leve" para incluir en el artículo 149 "ciertas capacidades para el Estado" por el bien del "interés general".

El diputado madrileño elogia la intención del candidato socialista, Alfredo Pérez Rubalcaba, de crear "instrumentos realmente efectivos" para prevenir la corrupción relacionada con el urbanismo, y sugiere modalidades concretas para el "control previo" estatal de los planes urbanísticos que propuso Rubalcaba en su primer discurso.

Para Simancas, está claro que la Administración central no puede revisar y aprobar previamente cada propuesta de modificación de planeamiento urbanístico, pero el Estado sí puede desarrollar una "legislación básica para la ordenación del territorio y la gestión urbanística".

Esa legislación debería unificar las condiciones para el planeamiento, y la clasificación del suelo en todas las comunidades autónomas y endurecer los requisitos de "transparencia pública, de justificación técnica y de control previo para cualquier cambio o recalificación".

En segundo lugar, propone la aprobación obligada por todas las comunidades de Planes de Estrategia Territorial que asignen usos predeterminados del suelo por objetivos de interés general, como el impulso económico, la protección ambiental o la necesidad de infraestructuras. Al Estado le correspondería coordinar esos planes, garantizando "la igualdad de derechos de todos los españoles" y la protección medioambiental y teniendo en cuenta la planificación económica.

Además, Simancas propone que el Estado establezca controles previos en las "modificaciones de planeamiento urbanístico que resulten especialmente significativas", bien porque afecten a la actividad económica o a las condiciones ambientales de más de una comunidad autónoma, o porque por su dimensión tengan consecuencias destacables o afecten a un ámbito de interés general, como un parque nacional, un puerto o un aeropuerto o una frontera.

REVISIÓN DE PENAS

En cuanto a las penas que castigan los delitos cometidos en procesos urbanísticos, apuesta por una "revisión disuasoria" dirigida a "los corruptos" y a "los corruptores", para delitos como la prevaricación, el cohecho propio e impropio, el tráfico de influencias "y el universo difuso y un tanto ineficiente de delitos contra la ordenación del territorio".

Simancas afirma que la corrupción "ha sido uno de los múltiples efectos perniciosos provocados por el urbanismo gansteril impulsado a partir de la Ley del Suelo de 1998, firmada por un gobierno del PP" y luego "reformada" por el PSOE en 2004.

Y además, avisa contra quienes "trivializan las consecuencias de la corrupción" y contra quienes "se limitan a denunciar el enriquecimiento grosero e indecente de los corruptos y de los corruptores", porque el efecto "de un planeamiento urbanístico corrompido no debe valorarse solo en función de los billetes, de los trajes o de los maseratis" del delincuente, sino que se traduce "en un problema económico" para los ciudadanos y crea una "luz roja" que "espanta las inversiones serias y, por tanto, el empleo".

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