Martes 24/10/2017.

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Rivero sobre la moción de censura en El Hierro: "Los tribunales tendrán la última palabra"

El presidente del Gobierno de Canarias, Paulino Rivero, ha querido dejar claro que serán los tribunales de Justicia quienes tendrán "la última palabra" acerca de la legitimidad de la moción de censura presentada por PP y PSC en el Cabildo de El Hierro contra la nacionalista Belén Allende.
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Paulino Rivero respondía así en el pleno de la Cámara a una pregunta del diputado Manuel Fernández, quien acusó al mandatario canario de sustituir al consejero de la Vicepresidencia como responsable de los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma al firmar un decreto de interposición de recurso contencioso contra la moción de censura.

A este respecto, el jefe del Ejecutivo canario ha querido dejar claro que "no ha sustituido a ningún consejero porque la capacidad potencial con respecto a los servicios jurídicos es del presidente de la Comunidad Autónoma".

No contento con ello, el diputado Manuel Fernández indicó que, tal y como marca la ley, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma "dependen orgánica y funcionalmente de la Consejería de la Vicepresidencia del Gobierno, a quien corresponde todas las acciones de defensa y acción jurídica del Ejecutivo".

En consecuencia, entiende que Paulino Rivero "ha sustituido lo que puede y debe hacer el vicepresidente del Gobierno de Canarias", incluso, en un acto "in extremis" para que "no se le escapase de las manos el poder del Cabildo de El Hierro".

Fernández ha hecho hincapié en que ninguno de los consejeros socialistas que firmaron la moción de censura han sido expulsados del PSOE, lo que significa que "no ha habido ninguna vulneración de la ley de transfugismo", que es "a lo que pretende agarrarse Rivero con un recurso torticero en aras de conquistar un cabildo que CC ha perdido".

El presidente Rivero, en su segunda intervención, recordó al diputado del PP que cuando no se entiende que no se ha respetado la legalidad, la Comunidad Autónoma tiene la competencia de recurrir a los tribunales de Justicia, que serán "los que en última instancia darán o quitarán razones".

"Por tanto, el Gobierno de Canarias ha hecho uso de las responsabilidades que le otorgan el Estado de Derecho al tener indicios de que la moción de censura no se corresponde con la legalidad, y serán los tribunales los que tengan la última palabra", concluyó.

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