El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, comparecerá este miércoles en el Congreso de los Diputados para explicar unos relevos en la fiscalía que la oposición política ha calificado de “purga judicial”. La Real Academia de la Lengua define purga como la “expulsión o eliminación de funcionarios, empleados, miembros de una organización, etc. que se decreta por motivos políticos”.
Sin cuestionarnos el funcionamiento constitucional de la institución ¿Existió purga en los relevos de la semana pasada? Para intentar responder a esta pregunta recurrimos primero al fact checking, la verificación de los hechos objetivos. Después realizaremos el análisis comparativo con otros relevos que antaño se produjeron en el Ministerio Fiscal.
¿Cuántas plazas fueron sometidas a concurso?
35 plazas. La cifra del concurso era el resultado de sumar los cargos discrecionales que ya habían cumplido los cinco años de duración (25 plazas) a las vacantes (10 plazas) que por jubilación, excedencia, fallecimiento u otra causa no se habían podido cubrir al estar el fiscal general en funciones desde la dimisión de Eduardo Torres Dulce.
¿Cuántos fiscales fueron movidos de su plaza?
En 19 de las 25 plazas de nombramiento discrecional se renovó al fiscal que estaba en su puesto, en un caso se nombra nuevo fiscal (ya que el anterior no se presenta) y en cinco plazas hay un cambio de candidato. Respuesta a la pregunta: solo cinco fiscales fueron movidos de su plaza.
¿Y los relevos en la cúpula fiscal?
De 11 plazas de fiscal de Sala se renovó el mandato a ocho, se cambió a dos y se nombró uno nuevo por jubilación del anterior.
¿Cómo ha quedado el reparto ‘ideológico’ de la cúpula de la carrera fiscal?
De estos 11 fiscales de Sala, cuatro son asociados a la Unión Progresista de Fiscales, tres a la conservadora Asociación de Fiscales y los otros cuatro no son asociados. De estos últimos, tres fueron nombrados por Cándido Conde-Pumpido, el fiscal general de los gobiernos de Zapatero.
¿Quién aprobó los relevos?
Fueron aprobados el viernes en Consejo de Ministros a propuesta del Fiscal General del Estado.
¿Fueron entonces decisión unilateral de José Manuel Maza?
No. La propuesta que el fiscal general del Estado trasladó al Gobierno para su aprobación fue deliberada previamente y votada por el Consejo Fiscal, órgano consultivo compuesto por fiscales elegidos en listas abiertas por todos los miembros de la carrera.
¿Hubo algún nombramiento en contra del criterio del Consejo Fiscal?
Sí. Solo en dos casos de los 35 casos, Maza no atendió el resultado de las votaciones del Consejo Fiscal. Decidió sustituir a Juan Ramón Calparsoro como fiscal jefe del País Vasco, cargo en el que llevaba desde 2004, por Carmen Adán del Río. Y decidió mantener al progresista Antonio Vercher Noguera como fiscal de Sala de Medioambiente y Urbanismo.
¿Qué pasó con el fiscal de Murcia que investigaba al presidente regional?
Fue relevado del cargo con el aval mayoritario del Consejo Fiscal.
¿Qué pasó en la Fiscalía Anticorrupción?
Que estaba vacante desde la jubilación de Antonio Salinas y el Consejo Fiscal, por amplia mayoría, avaló la candidatura de Manuel Moix, pese a ser el único de los siete aspirantes que no procedía del departamento.
¿Y con el fiscal jefe de la Audiencia Nacional?
El Consejo Fiscal votó que Jesús Alonso, hasta ahora teniente fiscal de la Audiencia, relevara a Javier Zaragoza, que llevaba ya diez años en el cargo.
¿Cómo han sido estos relevos en el pasado?
En febrero de 2008, apenas unas semanas antes de las elecciones generales, el gobierno socialista aprueba 39 nombramientos de fiscales y les blinda durante cinco años. Diez de los 39 se realizaron contra el criterio mayoritario del Consejo Fiscal.
En 2004, recién llegado al puesto, Conde-Pumpido nombra a Mariano Fernández Bermejo fiscal jefe de Sala del Tribunal Supremo en contra del criterio del Consejo Fiscal, que votó mayoritariamente para el puesto a Fernando Herrero Tejedor. Fernández Bermejo sería después ministro de Justicia en el gabinete de Rodríguez Zapatero y tuvo que dimitir al conocerse sus cacerías junto al juez Baltasar Garzón (que entonces instruía el caso de la Gürtel) en fincas para las que no tenía licencia de caza.