El presidente de México, Enrique Peña Nieto, anunció hoy el relevo de su fiscal general, Arely Gómez, cuestionada por el manejo de la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en 2014 y por la reciente fuga de un gobernador y un exgobernador acusados de corrupción.
El comunicado en el que la Presidencia informa de esta decisión fue publicado poco después de que Peña Nieto hiciera una férrea defensa de su gestión en un acto público en el que llegó a afirmar que ningún gobernante se levanta pensando en «cómo joder a México».
Al anunciar la salida de Arely Gómez de la Procuraduría General de la República (PGR, Fiscalía), la Presidencia mexicana indicó que el mandatario la va a proponer al Senado como secretaria (ministra) de la Función Pública, un puesto vacante desde julio tras la renuncia de Virgilio Andrade.
De ser ratificada, la fiscal general saliente deberá «implementar el Sistema Nacional Anticorrupción en conjunto con todas las autoridades del país y de la mano de la sociedad civil», indica el comunicado oficial.
Añade que Peña Nieto planteará también al Senado que el cargo de fiscal general sea ocupado por el senador con licencia (excedencia) Raúl Cervantes, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), quien si es ratificado deberá «generar el modelo» para que la PGR «sea efectiva y moderna».
Mientras recibe el visto bueno del Senado, Cervantes fue designado Subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la PGR para que realice «las funciones como encargado de dicha Procuraduría».
La titularidad de la PGR ha sido uno de los blancos de las mayores acometidas contra la administración de Peña Nieta.
Arely Gómez sucedió en 2015 como fiscal general a Jesús Murillo, que dejó el puesto en medio de las críticas a la forma en que investigó la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa (estado de Guerrero) en septiembre de 2014.
Algunos sectores la responsabilizan de la reciente fuga del exgobernador de Sonora Guillermo Padrés, del Partido Acción Nacional (PAN), y del gobernador con licencia de Veracruz, Javier Duarte (PRI), acusados ambos de corrupción.
Padrés, contra quien hay una orden de búsqueda y captura en 190 países dictada por Interpol, está acusado de defraudación fiscal y de operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de ocho millones de dólares a través de una empresa fachada con sede en Holanda.
Y a Duarte se le acusa de tener 25 propiedades en México y fuera del país valoradas en unos 159 millones de dólares a nombre de familiares y conocidos.
Ya han sido detenidas dos mujeres presuntamente ligadas a «empresas fantasma» vinculadas con lavado de dinero que obtuvieron contratos del gobierno de Duarte, aunque la PGR busca a otras siete personas.
Entre 2012 y 2013 desaparecieron del erario veracruzano unos 34 millones de dólares a través de esas operaciones y la Auditoría Superior de la Federación asegura que en el periodo 2011-2013 hay 1.876 millones de dólares pendientes de justificar en Veracruz, cuya deuda pública asciende a 2.754 millones de dólares.
Antes de que el Gobierno anunciara el relevo en la PGR, Peña Nieto participó este martes en la capital mexicana en el foro «Impulsando a México», en el que defendió su labor gubernamental.
«Nadie despierta, un presidente no creo que se levante, ni creo que se haya levantado pensando, y perdón que lo diga, (en) cómo joder a México. Siempre han pensado en cómo hacer las cosas bien para México», indicó.
Ante un auditorio formado mayoritariamente por empresarios, dijo que no le gusta caer en «autocomplacencias» y que es «el primero en reconocer fallas, errores, desaciertos», pero también en admitir los «avances y logros» que ha tenido su gestión.
Recordó que «México viene creciendo económicamente, no en las tasas ni en el ritmo que eventualmente» él hubiese querido, «pero ya contrasta frente a otras naciones que, al contrario, han tenido desaceleración».
Durante su gestión, prosiguió, se han dado «importantes transformaciones» en materia de «fortalecimiento a las instituciones democráticas», de «ampliación de derechos a los mexicanos» y «reformas que, sin duda, van a permitirle al país, en lo económico, tener un mayor desempeño y un mayor desarrollo».
«Vamos en buen camino. Vamos en buena ruta», resaltó Peña Nieto, cuya labor es desaprobada por 74 % de los mexicanos y cuenta sólo con el apoyo de 23 %, según uno de los últimos sondeos sobre su popularidad publicado en agosto por el diario «Reforma».
La valoración fue siete puntos porcentuales inferior a la registrada el pasado cuatrimestre y situó a Peña Nieto como el presidente mexicano peor valorado desde el mandato de Ernesto Zedillo (1994-2000).
La encuesta fue realizada días antes de la visita a la residencia presidencial de Los Pinos del candidato republicano a la Casa Blanca Donald Trump, que buena parte de la opinión pública de México consideró una afrenta al país.