Sábado 16/09/2017.

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EL BOE PUBLICA EL ACUERDO QUE HABILITA UN MECANISMO DE CONTROL DE PAGOS POR PARTE DEL GOBIERNO EN CATALUÑA

El Boletín Oficial del Estado publica este sábado la Orden del Ministerio de Hacienda y Función Pública que contiene el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos de ayer, viernes, por el que se adoptan medidas "en defensa del interés general y en garantía de los servicios públicos fundamentales en la Comunidad Autónoma de Cataluña".
Se trata del acuerdo del que informó ayer el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, por el que se etablece un mecanismo de control de pagos en la Generalitat Cataluña para dar seguridad ante la “incertidumbre” que generan determinadas posiciones políticas en la comunidad
En la exposición de motivos de la Orden que hoy publica el BOE se indica que "la Constitución española de 1978 introduce en nuestro modelo de organización de la convivencia colectiva el que la misma pueda desarrollarse en libertad y en un marco democrático de conformidad con un sistema de distribución del poder político".
Añade que la Constitución reconoce el derecho a la autonomía a las nacionalidades y regiones que integran España, que se configura "como un Estado único, con un único ordenamiento jurídico en el que se integran los ordenamientos de las diferentes comunidades autónomas que, precisamente, lo son en tanto que integrados en el ordenamiento jurídico español".
PRINCIPIO DE UNIDAD
"El Tribunal Constitucional señala que 'en ningún caso el principio de autonomía puede oponerse al de unidad, sino que es precisamente dentro de éste donde alcanza su verdadero sentido, de acuerdo con el artículo 2 de la
Constitución' (STC 4/1981); 'el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones, que lleva como corolario la solidaridad entre todas ellas, se da sobre la base de la unidad nacional' (STC 25/1981)".
Además, explica que la estabilidad presupuestaria existe de modo diferenciado a autonomía financiera, "de manera que, como señala el Tribunal
Constitucional, se puede afirmar que la autonomía financiera termina donde comienza el principio de estabilidad".
Tras el preámbulo agrega que en las últimas semanas se ha producido una escalada de acontecimientos "que ponen en riesgo el principio de coordinación de las Haciendas Públicas, el de estabilidad presupuestaria y el de sostenibilidad financiera, perjudicando gravemente el interés general y poniendo en peligro el funcionamiento del sistema de financiación autonómico en Cataluña".
Por ello, indica que, de forma excepcional "y sin que sea posible garantizarlo de otro modo, y mientras se mantenga la actual situación que amenaza el correcto funcionamiento de la Hacienda Pública y pone en riesgo el interés general, a través del presente Acuerdo, se dictan instrucciones a la comunidad autónoma para evitar que se financien actividades contrarias
al ordenamiento jurídico vigente y asegurar que la financiación que tiene como origen la Hacienda del Estado, se destina al pago de los sueldos y salarios de los empleados públicos, la sanidad, la educación y los servicios sociales, como servicios públicos fundamentales".
Ante esta situación, señala que, de forma proporcionada, "y salvando las competencias de la comunidad autónoma en la gestión de los recursos propios", se requiere al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que, en el plazo de 48 horas a contar desde la publicación de este acuerdo, adopte y comunique al Ministerio de Hacienda y Función Pública un acuerdo de no disponibilidad sobre su presupuesto que afecte a todos los créditos presupuestarios a los que se refiere la orden ministerial.
Si en ese periodo de tiempo el responsable del gobierno catalán no adopta ese acuerdo, “será el ministro de Hacienda el que adoptará en su sustitución”.
SERVICIOS FUNDAMENTALES
Para los pagos de los servicios fundamentales, el importe equivalente a todas las transferencias que el Estado realiza a Cataluña, esta comunidad deberá comunicar al Estado todos los créditos pendientes al respecto junto con un certificado de que "no financia ninguna actividad relacionada con el proceso refrendario ni ninguna actividad no amparada por la ley”.
Una vez que se reciba la información, el Estado pagará directamente al tercero, de manera que sufragaría “directamente” todos los servicios públicos fundamentales, tal y como se está haciendo con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA).
“La Generalitat no puede librar con ningún tipo de pago que no esté suficientemente acreditado”, incidió Montoro, quien agregó que el Gobierno trabajará para que no se pueda materializar ningún pago de ese tipo. Además, añadió que todas las operaciones de endeudamiento deben ser aprobadas por Hacienda.
El ministro aseguró que este sistema “no afecta al ejercicio de las competencias” de la Generalitat, “no estamos sustituyendo competencias y sí estamos garantizando que ningún pago de esa administración va a actividad ilegal”.
Respecto a los impuestos cedidos, Montoro señaló que “ahí no entramos”, para recordar que los recursos propios suponen al mes para una comunidad del tamaño de Cataluña unos 250 millones de euros, cuando la cuantía que tendría que recibir en términos de financiación autonómica es de unos 1.400 millones de euros.

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