Ciudadanos propone que las personas que denuncien casos de corrupción reciban gratificaciones por ello, como recibir parte del dinero recuperado gracias a su delación o contabilizar la denuncia como mérito profesional.
Así consta en el documento ‘Propuestas contra la corrupción y contra el capitalismo de amiguetes’ que presentaron este miércoles en Barcelona el presidente del partido, Albert Rivera; la candidata a la Generalitat, Inés Arrimadas, y el economista Luis Garicano, ya miembro de la Ejecutiva del partido.
En el documento, quinta y última parte de las propuestas que conformarán el programa de C’s para las elecciones generales tras las de índole económica y la educativa, trata de «desmontar el modelo clientelar» que a su juicio caracteriza a la democracia española, con la «captura y parimonialización de la administraciones por los políticos y sus clientes».
Esta situación es, en su opinión, «la raíz última del deterioro institucional» y causa de «un Estado ineficiente». Para evitarlo, C’s propone una serie de medidas para fiscalizar a los gobiernos y garantizar la pluralidad y transparencia de la contratación y la libre competencia para la designación de cargos públicos.
Dentro de lo primero, sugiere que «los ciudadanos y los empleados públicos puedan denunciar anónimamente las irregularidades de que tengan noticia» y se les premie con «una parte de la cantidad que se haya recuperado gracias a la denuncia» o el «reconocimiento de méritos para la promoción profesional». Simétricamente, se considerarán «delito las conductas de acoso» contra estos denunciantes e intentar desvelar su identidad.
El documento recoge otras iniciativas ya divulgadas de C’s como limitar el indulto a casos extraordinarios, y que la imputación formal de un cargo sea «causa de cese inmediato» y la de un político le imposibilite ocupar cargos o formar parte de listas electorales.
CARGOS Y CONTRATOS
También para evitar la corrupción, Ciudadanos propone publicar los intereses que tenga una empresa que contrata a un excargo público, que los jueces, fiscales y funcinarios no puedan pasar de ser cargos políticos a cargos de libre designación, limitar ésta última a los subdirectores generales o equivalentes e impedirla en los órganos de supervisión y control.
Respecto a las contrataciones públicas, tendrán que ser adjudicadas por técnicos y no por políticos o cargos públicos; la adjudicación directa y sin publicidad se limitará a obras inferiores a 18.000 euros, y en otro tipo de contratos 4.000 euros, y el valor ponderado de los criterios subjetivos a la hora de adjudicar será de menos del 30% de la puntuación total.
Finalmente, C’s propone una reforma de los órganos reguladores, entendiendo que la centralización en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no ha dado los frutos esperados y sigue «capturada» por los sectores sobre los que regula; así, se separará Competencia de Regulación, y ésta a su vez se dividirá en dos o tres áreas. Y la Comisión Nacional del Mercado de Valores tendrá otro regulador «gemelo» y paralelo en el Banco de España.