Jueves 21/09/2017.

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Imputada sucesora de Bárcenas por la financiación del Partido Popular de Valencia

  • El portavoz parlamentario del partido en el Congreso, Rafael Hernando, ha rechazado que tenga que dejar su puesto
  • Junto a ella, también ha sido imputado el que fuera número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau

El magistrado del juzgado de Instrucción número 18 de Valencia, que investiga el caso Imelsa y su derivado conocido como Taula, ha citado a declarar como investigada a la actual tesorera del PP nacional, Carmen Navarro. Junto a ella, al exvicealcalde de Valencia y número dos de Rita Barberá, Alfonso Grau. Ambas investigaciones se enmarcan en lo relativo a la financiación de las campañas del PP en la capital valenciana entre los años 2007 y 2011. También han sido citado como investigado el exgerente del PP provincial José, Moscardó.

Grau declarará como investigado por los delitos de cohecho, malversación y delito electoral el próximo 6 de octubre, en relación con la financiación de las campañas del PP de la ciudad de 2007 y 2011 a través de la empresa Laterne Product Council (LPC). Los otros dos investigados están citados para el 16 del mismo mes.

El auto se basa en un informe elaborado por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil del que se desprende que el que fuera administrador de  y Alfonso Grau acordaron "utilizar el entramado empresarial" del primero para "alcanzar el objetivo de sufragar de forma irregular la adquisición de bienes y servicios de terceros". Esta operativa se llevaba a cabo "velando el origen de los fondos y simulando la imputación de gasto, impidiendo su fiscalización y permitiendo que se superara el techo legal de gasto, sin reflejo en la contabilidad electoral".

Las cantidades que según la documentación aportada por la UCO se habrían canalizado "tanto para financiar como para hacer pago de los servicios encargados a terceras empresas" figuran en una relación de eventos de la campaña electoral de 2007, junto con sus importes.

En el epígrafe 'Coste Total Campaña' aparecen gastos por un total de 2.538.731 euros y, a continuación, se consignan otras cantidades de entradas de dinero asignadas a ciertas personas jurídicas que son tratadas como 'Aportaciones' por un total de 2.683.750 euros. Sin embargo, el magistrado resalta que el gasto declarado en la contabilidad electoral por el Partido Popular en aquellas elecciones, en toda la provincia de Valencia, ascendió a la suma de 133.762 euros.


Procedimiento para las entregas de dinero

El juezde detalla también los procedimientos empleados para canalizar dichas entregas de dinero. En primer lugar, señala que se producían a través de aportaciones provenientes de fundaciones y organismos vinculados al Ayuntamiento de Valencia y que "no obedecerían a servicios efectivamente prestados a los mismos por Laterne u otras empresas del grupo empresarial de Vicente Sáez". Por este procedimiento concreto, el juez dice que existen indicios suficientes para citar como investigado a Juan Eduardo Santón, --exconcejal del PP-- por su actuación en representación de una de estas fundaciones.

El segundo método lo constituirían aportaciones de una serie de empresas privadas, todas ellas relacionadas contractualmente con el consistorio en el que gobernada el PP de Rita Barberá, con las que se habría acordado "sufragar y financiar los gastos de campaña".

Otra vía de entrada de efectivo, por un importe de hasta 620.000 o hasta 1.119.600 euros, según diversos documentos incorporados a la causa, provendría de firmas supuestamente implicadas en la constitución de una empresa, Product Management Council S.L. (PMC), que fue constituida en 2007 pero de la que "no hay ninguna justificación" en el empleo de esos fondos. "No contó con trabajadores", ni aparecen "datos que revelen la devolución" de esos importes, por lo que "cabe pensar razonablemente que su destino fuera la financiación de la campaña de 2007", apunta el juez.

"Son hechos que se relacionan en orden lógico y consecuente con el origen de fondos ocultos de los que pudiese disponer el grupo municipal o alguno de sus integrantes o responsables para hacer devolución de las aportaciones de 1.000 euros investigadas durante la campaña de 2015", añade.


350.000 euros en billetes de 500

El informe recoge también una operativa por la que se habría cumplido en 2008 los gastos que quedaban por pagar y que distintas empresas prestatarias de los servicios para la campaña reclamaban. "Esta operativa implica directamente a Alfonso Grau", según consta en el auto.

Jesús Gordillo, exasesor de Grau y que trabajó para Laterne, manifestó en su declaración que el exvicealcalde le entregó 350.000 euros en billetes de 500 y le dio instrucciones para recoger en una empresa un cheque de 150.000. Estas cantidades, finalmente, sirvieron presuntamente para llevar a cabo el pago de las cantidades adeudadas a las distintas mercantiles que habrían colaborado en la campaña.

El juez explica también que estos hechos serían constitutivos de un presunto cohecho, cuya responsabilidad penal hoy estaría prescrita, por lo que los empresarios que habrían entregado cantidades a Laterne deberán en su caso declarar en esta causa como testigos.

De hecho, el magistrado argumenta que los nuevos hechos recogidos en el informe policial y cometidos antes de la reforma del Código Penal de 2010 "no pueden determinar la responsabilidad penal de ninguna persona jurídica", por lo que por los hechos de 2007 "no puede investigarse la responsabilidad penal de ninguna empresa, asociación, fundación o partido político".


El administrador único en 2007: Bárcenas

Asimismo, en el escrito se indica que las posibles responsabilidades penales por falsedad en la contabilidad de los administradores electorales de 2007 estarían igualmente prescritos. La persona que figura como administrador único de las candidaturas en las municipales de 2007 es Luis Bárcenas. Por esta circunstancia, en caso de que se considera procedente que preste declaración, lo haría en calidad de testigo.

Sin embargo, esta conducta "podría entroncar con los hechos ya imputados de 2011" y, en consecuencia, el exgerente del PP en la provincia de Valencia, José Moscardó, sí debe declarar por estos hechos en calidad de investigado.


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