El Gobierno vetó la tramitación de la citada proposición de ley alegando que su puesta en marcha supondría un gasto de 2.175,26 millones sólo en 2018. A continuación, la Mesa del Congreso, con los votos de PP y Ciudadanos, ratificó el veto al amparo del artículo 134.6 de la Constitución, que otorga al Ejecutivo capacidad para bloquear iniciativas que considera que alteran su política presupuestaria por suponer aumento de gasto o disminución de ingresos.
Unidos Podemos recurrió para que la Mesa del Congreso rectificase esa decisión y permitiese debatir la iniciativa, pero este martes el PP y Ciudadanos han mantenido su criterio en la Junta de Portavoces, con lo que el órgano de gobierno de la Cámara rechazará el recurso en su próxima reunión.
Cuando se anunció el recurso, la portavoz de Podemos, Irene Montero, ya prometió tomar todas las medidas que consideren necesarias para conseguir su objetivo de debatir la iniciativa, sin descartar un recurso en el Tribunal Constitucional.