Martes 23/10/2018.

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PP-A anuncia acciones judiciales para que se recupere el dinero defraudado en caso ERE

El PP-A ha anunciado este jueves ante el Pleno del Parlamento que adoptará acciones judiciales para que se recupere el dinero defraudado en el caso de los ERE, porque la Junta "se está negando a reclamarlo".

La diputada del PP-A Teresa Ruiz Sillero ha criticado que la Junta no haya dado luz verde a esa "acción de reserva civil" para reclamar ese dinero, entre otros, a los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Para Ruiz Sillero, es imprescindible que el Consejo de Gobierno acuerde actuaciones en ese sentido y ha denunciado que se está "protegiendo a todos los que repartieron el dinero porque son del PSOE-A". Ha indicado que hace falta tomar el acuerdo concreto de esa reserva de acciones civiles y ha apuntado que hace escasas fechas se tomaron en relación con el proyecto de Gas Natural en Doñana.

Por su parte, el consejero de Empleo, Javier Carnero, ha indicado que el gabinete jurídico ostenta la representación procesal de la Junta y puede adoptar y realizar todas aquellas acciones jurídicas, procesales y procedimentales necesarias para la defensa de los intereses que representa y que le otorga el ordenamiento jurídico.

Ha acusado a la diputada popular de hacer "demagogia barata" sobre este tema y ha insistido en que la Junta ha hecho reserva expresa de las acciones civiles para el caso de que existan condenas penales firmes y, llegado el momento procesal oportuno, ejercer dichas acciones.

Para Carnero, el Partido Popular solo pretende judicializar la política, intentado "tapar sus vergüenzas, que cada vez son muchas más". "Ni a usted ni a su partido les interesa ni la verdad ni la realidad, sino sólo difamar y hacer demagogia", ha dicho el consejero a la diputada popular.

Sobre el asunto de Doñana al que ha aludido la diputada del PP-A, fuentes de la Consejería de Empleo han explicado a Europa Press que la Consejería de Medio Ambiente no ha llevado a cabo acciones civiles, sino que ha iniciado un procedimiento contencioso-administrativo contra el Ministerio de Medio Ambiente, mientras que el consejero es el que ha firmado la petición al gabinete jurídico y no el Consejo de Gobierno.

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