Jueves 08/12/2016.

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PNV, ERC y UPN piden la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Igualdad de Trato

El Partido Nacionalista Vasco (PNV), Esquerra Republicana (ERC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN) quieren que el texto presentado por el Ejecutivo sobre el futuro proyecto de Igualdad de Trato y No Discriminación sea devuelto al Gobierno para su modificación, por lo que han presentado sendas enmiendas a la totalidad a dicho proyecto de ley, cuyo plazo de registro ha finalizado este martes.
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PNV, ERC y UPN piden la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Igualdad de Trato PNV, ERC y UPN piden la devolución al Gobierno del proyecto de Ley de Igualdad de Trato

La Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados está acogiendo desde el lunes las comparecencias de expertos en materia de Igualdad de Trato. Hasta ahora, han visitado el Parlamento miembros del CERMI, colectivos feministas, USO, o UGT, entre otros.

Con independencia de las comparecencias, el Congreso decidió poner fin al plazo de presentación de enmiendas a la totalidad, confirmando así su intención de celebrar este mes el primer debate de la Ley de Igualdad de Trato, a diferencia de otros proyectos de ley, cuyo plazo de enmiendas se ha ampliado hasta el mes de septiembre.

Según confirmaron a Europa Press fuentes parlamentarias, PP y CiU no tenían a priori intención de pedir la devolución del texto al Gobierno prefiriendo esperar a las enmiendas parciales para tratar de cambiar el proyecto del Gobierno durante su tramitación. En este sentido, cuentan con que el plazo para registrar enmiendas al articulado se amplíe hasta septiembre.

Así las cosas, todo apunta a que el debate de totalidad a esta ley tendrá lugar previsiblemente la próxima semana, en el último Pleno previsto por el Congreso antes del parántesis estival. En ese debate, el proyecto será presentado por la ministra de Sanidad, Política Social e Igualdad, Leire Pajín.

"INASUMIBLE PARA EL PAÍS VASCO"

El portavoz nacionalista vasco en materia de Igualdad, Joseba Agirretxea, ha explicado que el PNV pide la devolución del texto al Gobierno porque "por muy loable que sea el objetivo último de este proyecto de ley", que sí comparte su grupo parlamentario, el Gobierno "no puede obviar cuál es su terreno de juego y aprovechar para invadir competencias que no son suyas".

En concreto, apunta que este texto está redactado con una "visión centralizadora" del Estado que es "inasumible para un partido como EAJ-PNV" porque, desde su origen, el proyecto de ley tiene vocación de asumir, como propia del Estado, la defensa de la igualdad como un derecho que la Constitución le otorga.

Uno de los ejemplos fundamentales de esta vocación, según apunta, se plasma la previsión de que las disposiciones de la norma "serán de aplicación a todas las administraciones públicas y los organismos y entidades de ellas dependientes", un aspecto que, a su juicio, resultaría contrario a la Constitución, ya que no todos los preceptos de la futura ley se pueden imponer a las administraciones autonómicas. "Es saltarse el sistema autonómico propio", ha puntualizado.

INVADE TAMBIÉN COMPETENCIAS CATALANAS

Desde ERC, también consideran que esta normativa invade competencias autonómicas. Con ello, se "han visto obligados" a presentar una enmienda a la totalidad al texto del Gobierno al comprobar el "poco respeto" a las competencias de las comunidades en el redactado del proyecto de ley.

Entre otros aspectos, no entienden por qué no se contempla la participación de las comunidades autónomas en la elaboración de la Estrategia Estatal para la Igualdad de Trato y no Discriminación, limitando su participación en su estricto desarrollo y se limite a preveer la colaboración entre las administraciones.

Es más, indica por ejemplo que el proyecto de ley prevé la creación de un órgano unipersonal, la Autoridad para la Igualdad de Trato y la no Discriminación, cuyo titular será nombrado por el gobierno central por Real Decreto, que ni tan solo contempla la participación de las comunidades autónomas, al que se le atribuyen importantes funciones en la aplicación de la ley.

CELERIDAD EN SU TRAMITACIÓN

Desde UPN, argumentan que, en otros aspectos, quieren que el texto sea devuelto al Gobierno por la celeridad con la que se está tramitando la normativa. Así, detalla que fue aprobada en Consejo de Ministros el 27 de mayo, entró en el Congreso el 3 de junio y el plazo para la presentación de enmiendas a la totalidad, que ha finalizado este martes, se solapa con las comparecencias de expertos.

Igualmente, entiende que el mismo, bajo el pretexto, a priori lícito, de lograr la igualdad efectiva entre los ciudadanos invade ámbitos que pertenecen sólo a la esfera de los mismos, limitando, bien directa o indirectamente, el ejercicio de derechos fundamentales y vulnerando alguna de las libertades públicas proclamadas en la Constitución.

FUERA FINANCIACIÓN A COLEGIOS SEGREGADOS

En este contexto cita al artículo 16.2, relativo a aquellos "centros educativos que excluyan del ingreso en los mismos a grupos o personas individuales por razón de alguna de las causas establecidas en la ley no podrán acogerse a la financiación pública", es decir, resalta que la consecuencia inmediata de aplicar este precepto es que la financiación de los centros educativos con educación diferenciada o de educación especial dejaría de ser "equitativa" para que los padres pueden ejercer el derecho fundamental a elegir el modelo pedagógico que quieren para sus hijos.

Así las cosas, destaca que el precepto desconoce la Jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha declarado que la educación diferenciada no supone discriminación así como el informe del Consejo de Estado, que concluye que este tipo de educación "como modelo pedagógico no puede considerarse un supuesto de discriminación por razón de sexo".

SIN TRAMITACIÓN DE URGENCIA

Hace casi un mes, la Mesa del Congreso, con los votos del PP y de los nacionalistas de CiU y PNV, rechazó la petición del Gobierno de tramitar por la vía de urgencia dicho proyecto de Ley. Aunque estaba prometida para diciembre, el Consejo de Ministros no lo aprobó hasta finales de mayo, pero el Gobierno anunció su petición para tramitarla en el Congreso por el procedimiento de urgencia.

Entre otras medidas, el proyecto de ley permite eliminar los conciertos educativos a los centros que separen por sexo a sus alumnos, crea una Autoridad Estatal para la Igualdad de Trato y la No Discriminación y establece un régimen sancionador con multas que pueden ir desde los 300 euros en casos leves hasta un máximo de 40.000 en los graves y de 500.000 en los supuestos muy graves.

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