Jueves 23/05/2019.

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La Mesa del Congreso pide un informe jurídico a los letrados sobre la suspensión de los diputados presos

La Mesa del Congreso va a pedir un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la posible suspensión de los cuatro diputados que están en prisión preventiva por el referñendum ilegal del 1 de octubre de 2017 (Oriol Junqueras, de ERC, y Jordi Sànchez, Josep Rull y Jordi Turull, de Junts).

El PP, Ciudadanos y Vox habían pedido a la Mesa la suspensión automática de los cuatro diputados independentistas argumentando que el artículo 21.2 del Reglamento del Congreso establece la suspensión en funciones de aquellos parlamentarios en situación de prisión preventiva.

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, por su parte, consultó al Tribunal Supremo sobre otra posible vía de suspensión, la del artículo 38.bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), que ordena la suspensión del cargo público en caso de procesamiento por delito de rebelión y que fue la utilizada por el juez Pablo Llarena cuando los afectados eran diputados del Parlament. Sin embargo, el Alto Tribunal declinó pronunciarse e insistió en la opción del Reglamento.


Pastor considera que la ley es "clarísima" y que el Congreso no necesitaba consultar la suspensión de los presos

La vicepresidenta tercera del Congreso y representante del PP en la Mesa del Congreso, Ana Pastor, considera que la Cámara no tenía necesidad de encargar un informe a los letrados sobre la suspensión de los diputados independentista en prisión preventiva porque "la ley es clarísima".

Ana Pastor, que hasta el lunes presidía el Congreso, sostiene que el Reglamento deja claro de forma evidente" que la prisión preventiva es motivo para ser suspendido en funciones como diputado. "La ley es inequívoca", ha enfatizado, recordando que el Tribunal Supremo se ha pronunciado a favor de la suspensión de los procesados tanto en julio de 2018 ante el Parlamento catalán como ahora ante el Congreso.

A su juicio, igual que Batet consultó con el Tribunal Supremo la aplicación de la suspensión de los presos podía haber pedido un informe a los servicios jurídicos de la Cámara sin esperar a la reunión de la Mesa.

"Los informes jurídicos se solicitan cuando hay dudas jurídicas, pero en este caso la ley es inequívoca, clarísima y de obligado cumplimiento. Aplíquese la ley sin dilación", ha insistido, incidiendo en que la Cámara tiene que "aplicar las medidas" para hacer "efectivo" ese mandato y que lo contrario sería "incumplir la ley".





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