El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha afirmado que renunciar a la facultad que tiene de dar «instrucciones particulares» en causas que afectan a aforados sería una «dejación de funciones», aunque ha avisado de la «dificultad de hablar de procedimientos en marcha» como el caso Púnica.
Maza ha comparecido este miércoles en la Comisión de Justicia del Congreso para responder a la exigencia de explicaciones de todos los grupos de la oposición sobre el relevo en la cúpula fiscal y sobre las supuestas injerencias políticas en su decisión de no pedir la imputación del presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, en el caso Púnica.
Maza se ha referido a los casos que afectan a aforados, como es el de Sánchez, que tendría que ser investigado en el Tribunal Superior de Murcia, y ha dicho que las fiscalías deben poner en conocimiento de la Fiscalía General del Estado cualquier causa que afecte a las personas que gozan de esta protección especial.
Entonces, el fiscal general estudia el asunto y, a resultas de este estudio, ha dicho, «puede dar instrucciones particulares». «No es solo que pueda dar instrucciones particulares, sino que debe hacerlo si lo considera necesario», ha agregado acto seguido.
Y ha indicado que esta es una facultar a la que no se puede renunciar, pues ello «sería una verdadera dejación de funciones». Ha recordado que esta obligación fue introducida por su antecesor durante los gobiernos de Zapatero, Cándido Conde Pumpido.
El fiscal general ha empezado su comparecencia avisando de la «dificultad de hablar de procedimientos en marcha» y ha añadido que las comparecencias en el Congreso «no pueden derivar con carácter general en debates sobre asuntos penales en tramitación».
Sobre la corrupción, ha afirmado que para él es una «prioridad adoptar una posición activa e impulsora de actuaciones encaminadas a la investigación exhaustiva de los casos de corrupción política», que ha calificado de una «amenaza especialmente grave y potencialmente fatal» para el funcionamiento de las instituciones públicas.
Durante su discurso, y antes de responder a las preguntas de los grupos, ha hecho un repaso de los casos de corrupción y ha explicado que entre junio de 2015 y septiembre de 2016 se han investigado a 1.378 cargos públicos y 379 fueron condenados en sentencia firme.
En varias ocasiones, se ha referido a la imparcialidad de la Fiscalía, la «clave de bóveda» de la institución y a la que se subordina la dependencia jerárquica. Acorde a este principio, la Fiscalía actúa con «plena objetividad e independencia».
«El fiscal es imparcial y por ello no puede tomar partido ni actuar por motivos extraños al principio que rige sus actuaciones», ha dicho.