Sábado 06/04/2019.

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Marlaska recurre por segunda vez a la Ley Orgánica de 1986 para advertir a la Generalitat que puede dirigir a los Mossos

Al igual que hiciera Zoido antes del 1-O, se remitió en septiembre a esta norma para llevar los lazos amarillos a la Junta de Seguridad

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha recurrido por segunda vez a la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para advertir por carta a la Generalitat que puede asumir la coordinación de los Mossos d'Esquadra si así lo decide el Estado, en la concurrencia en un mismo dispositivo en el que participen la Policía o la Guardia Civil.

Se trata del mismo argumento que esgrimió el exministro Juan Ignacio Zoido antes del referéndum del 1-O, al conocer las instrucciones dictadas por la Fiscalía --luego matizadas por el TSJC-- para impedir la votación impulsada por la Generalitat presidida entonces por Carles Puigdemont. No obstante, el control de la policía catalana se llevó a cabo de facto días después con la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

Marlaska se remitió al artículo 38.2 de esta ley aprobada por el primer Gobierno de Felipe González (PSOE) en la carta que envió este lunes al consejero del Interior catalán, Miquel Buch, para pedir explicaciones después de que los Mossos "no garantizaran el orden público" cuando los Comités de Defensa de la República (CDR) cortaron durante horas vías públicas el pasado Puente de la Constitución.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha advertido de que la actuación de los CDR tendrá "consecuencias" y ya prepara el dispositivo de seguridad del Consejo de Ministros que se celebra en Barcelona el 21 de diciembre. Diferentes plataformas afines al independentismo catalán han anunciado movilizaciones coincidiendo con la reunión del Ejecutivo.

Marlaska ha negado este martes en declaraciones a Onda Cero que el Gobierno esté preparando el terreno para aplicar de nuevo el artículo 155. "Diría que simplemente estamos trabajando y adaptando la política del Gobierno a los hechos que van desarrollándose", ha asegurado.

JUNTA DE SEGURIDAD EN SEPTIEMBRE

El titular del Interior recurrió a la misma ley de 1986 el pasado 28 de agosto en otra misiva en la que instaba a Buch a aceptar que en la Junta de Seguridad se abordara los problemas de convivencia generados por los lazos amarillos que proliferaban en el espacio público como símbolo independentista. La Generalitat se resistió durante días a incluir en el orden del día este asunto, esgrimiendo que la competencia de seguridad en Cataluña era "exclusiva" de los Mossos d'Esquadra.

Marlaska citó en agosto, entre otros, el artículo 46.2 de la Ley Orgánica de 1986, que dice: "Cuando en la prestación de un determinado servicio o en la realización de una actuación concreta concurran, simultáneamente, miembros o unidades de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de la Policía de la Comunidad Autónoma, serán los Mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".

Según apuntó entonces el titular del Interior, la seguridad es "competencia exclusiva del Estado" y, por tanto, el primer punto del orden del día de aquella Junta de Seguridad que se celebró en un ambiente de cordialidad --se aprobó la integración de los Mossos en el CITCO-- debía centrarse en el "análisis general de la seguridad pública" en dicha comunidad autónoma.

FORN TEMÍA EL 1-O PERDER EL CONTROL DE LOS MOSSOS

El 22 de septiembre de 2017, días antes del 1-O, el entonces ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, invocó el artículo 38.2 de la Ley Orgánica 2/1986 que regula las funciones de las policías autonómicas en una carta remitida al consejero Joaquim Forn en la que justifica el refuerzo de policías y guardias civiles por las "movilizaciones tumultuarias de apoyo al referéndum ilegal". Estaba ya en marcha la 'operación Copérnico' en la que se movilizaron hasta 6.000 policías y guardias civiles, alojados muchos de ellos en barcos.

El exministro no citó en su carta el artículo 46 al que sí se refirió Forn para expresar sus temores a perder el control de los Mossos a través de una "intervención directa". La actuación de la policía catalana está pendiente del juicio tanto al exjefe Josep Lluis Trapero, procesado por dos delitos de sedición, como en lo referente a la gestión de los políticos al frente del Govern, que se enfrentan a delitos que van desde la rebelión a la malversación.

La diferencia entre los artículos 38.2 y 46 de la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad es que el primero regula la colaboración de Policía y Guardia Civil con los Mossos, mientras que el segundo recoge que cuando "concurran simultáneamente miembros o unidades" de ambas policías (estatales y autonómicas), "serán los mandos de los primeros los que asuman la dirección de la operación".

En el reparto de funciones, el artículo 38.2 reconoce el "carácter prioritario" que tiene la policía de cada Comunidad Autónoma, pero a continuación precisa que lo anterior es "sin perjuicio de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando, bien a requerimiento de las Autoridades de la Comunidad Autónoma, o bien por decisión propia, lo estimen necesario las Autoridades estatales competentes".

Durante el 1-O el Gobierno de Mariano Rajoy barajó otras posibilidades alternativas a la aplicación del 155 como recurrir a la Ley de Seguridad Nacional y a la de Seguridad Ciudadana, la conocida por sus detractores como 'Ley Mordaza'.

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