Jueves 08/12/2016.

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Magistrado de la AN califica de "claudicación" la propuesta de CCAA de devolver competencias porque resultan "caras"

Critica que algunas CCAA pidieran competencias al Estado por razones "oportunistas" y ahora, con la crisis, cambien de parecer
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El magistrado de la Audiencia Nacional de Madrid, José Ricardo De Prada, ha considerado este lunes que hay muchas Comunidades Autónomas que en su día "actuaron" al pedir y obtener competencias del Estado "por razones puramente oportunistas" y que, ahora, con la crisis, cambian de parecer porque el mantenimiento de las mismas "les parece caro" y no pueden soportar más el papel de "simples administradoras y gestoras" económicas que pretendían ostentar. "Es una claudicación", ha asegurado.

"El problema es que yo creo que es bueno que las Comunidades asuman esas competencias, pero lo que pasa es que lo hacen por razones puramente oportunistas. En su momento sí que tenían interés en desarrollarlas pero después vieron que les resultaban caras", ha remarcado durante su paso por los Cursos de Verano de El Escorial, organizados por la Universidad Complutense de Madrid, en los que ha intervenido en el seminario sobre '¿Cómo ha cambiado el mundo en 50 años de Amnistía Internacional? Retos de derechos humanos'.

De esta manera, De Prada ha señalado que, probablemente, sí que hay autonomías en las que la adopción y el mantenimiento de las competencias "tiene más sentido" por el autogobierno, pero ha insistido en que "son competencias importantes" y "deben ser desarrolladas no por algunas, sino por todas las comunidades". "Es renunciar a una parte importante de la propia seña de identidad de las Comunidades", ha dicho.

Dicho esto, ha ironizado sobre la posibilidad de "decir lugares o zonas donde las Comunidades puedan administrar adecuadamente la Justicia en sus territorios, independientemente de que luego pueda haber una Justicia al margen, más amplia, de los territorios como puede ser la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo".

DUDAS SOBRE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO

Por otro lado, respecto la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el magistrado de la AN ha afirmado que, personalmente, ve "absolutamente imposible" que la misma llegue a buen puerto, ya que, según ha valorado, ya "dudaba mucho" de que pudiera llegar a buen término con "el programa normalizado de las elecciones". "Ahora lo veo imposible", ha puntualizado.

Si bien, en este sentido, ha apuntado que su reforma indispensable puesto que "vivimos con una del siglo pasado", pero sobre todo porque debido a la falta de elementos que presenta la misma, España "ha sido objeto de condenas en tribunales internacionales por no tener regulados determinado tipo de derechos".

"Entonces, cualquier modificación en ese sentido bienvenida sea", ha dicho, al tiempo que ha expresado sus dudas ante el tema de la potestad fiscal como instructor único, "teniendo en cuenta que un fiscal no es un juez y no es independiente" porque depende del Ejecutivo a través del Fiscal General del Estado". "No obstante, yo soy partidario de que la instrucción la lleve alguien parecido al fiscal, y sobre todo, que en nuestro sistema exista una separación entre las potestades de un juez de instrucción y de un juez de garantías", ha reflexionado.

LA CORTE PENAL INTERNACIONAL "ESTÁ LIMITADA"

Preguntado por la situación que atraviesan las grandes instituciones de Justicia, sobre todo en relación a los derechos humanos, De Prada ha valorado que éstas "van evolucionando poco a poco", aunque a un ritmo un poco menor del que se podría esperar. "Tenemos lo que tenemos", ha señalado destacando que si bien la Corte Penal Internacional "fue un gran hito en su día", hoy "es un organismo muy limitado y condicionado por la geopolítica global".

"Entonces, tiene una gran potencialidad ,pero se manifiesta como se manifiesta, y uno nunca sabe si determinadas decisiones, como la de intervenir en el caso de Libia, responde a la situación real o a los intereses internacionales de otros países", ha advertido interrogándose sobre por qué y cómo "el Consejo de Seguridad de las ONU puede determinar el sí o el no de la aplicación de la justicia internacional".

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