Jueves 08/12/2016.

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La Junta andaluza afirma que el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción es el que debe resolver el asunto de las actas

Espera que el Juzgado de Instrucción número 6 tramite el citado conflicto y remita las actuaciones
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La Junta de Andalucía ha manifestado su "sorpresa" ante la información sobre la resolución de la Audiencia Provincial de Sevilla que resuelve el carácter no secreto de las actas de las sesiones celebradas por el Consejo de Gobierno y que reclama le titular del Juzgado de Instrucción número seis, Mercedes Alaya. La Junta no tiene conocimiento de esta resolución y ha señalado que la cuestión de fondo, es decir, la procedencia de la entrega de todas las actas del Consejo de Gobierno, debe resolverla el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.

Fuentes de la Junta han manifestado a Europa Press que dicho conflicto ha sido planteado por la Junta de Andalucía y que todavía "no ha sido tramitado" por el Juzgado de Instrucción número 6, que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE). Han afirmado que esta suspensión del conflicto de jurisdicción es cuestionada por la Junta de Andalucía, ya que no hay norma legal alguna que apoye dicha suspensión o paralización.

En este sentido, la Junta de Andalucía espera que el Tribunal de Conflictos se pronuncie y que el Juzgado de Instrucción número 6 remita las actuaciones, pues sería "absolutamente contrario a derecho no tramitar el conflicto y, por lo tanto, el acceso a las actas por parte del juzgado no podrá realizarse sin haber solventado previamente el conflicto planteado".

Este pronunciamiento de la Junta se produce después de que la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido un auto en el que concluye que las actas de los Consejos de Gobierno de la Junta de Andalucía "no son secretas", tal y como había estipulado en sucesivos autos la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, que solicitó a la Administración autonómica las actas de los consejos celebrados desde 2001 hasta la actualidad dentro de la investigación por la supuesta "trama" de prejubilaciones fraudulentas descubierta en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados por la Junta mediante una fórmula también sujeta a estas indagaciones, según han informado a Europa Press fuentes del caso.

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